La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) abrió una investigación administrativa contra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, tras las denuncias relacionadas con la estancia de su hijo en la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido durante su gestión como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este 23 de abril de 2026 que el procedimiento se activó de manera automática, luego de la recepción de diversas quejas ciudadanas, incluida la del diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, lo que obligó a la autoridad a iniciar la revisión conforme a la normatividad vigente.

El caso involucra a Marcelo Patrick Ebrard Ramos, quien habría residido por cerca de seis meses en la sede diplomática en Londres entre 2021 y 2022, periodo en el que su padre encabezaba la Cancillería mexicana.

Sheinbaum precisó que la apertura de la carpeta no constituye una acusación formal ni una determinación de responsabilidad, sino un procedimiento administrativo derivado de la obligación legal de investigar cualquier señalamiento sobre posible uso indebido de recursos públicos.

De acuerdo con los primeros señalamientos, la investigación se centra en posibles faltas administrativas graves, entre ellas abuso de funciones, tráfico de influencias o uso indebido de bienes del Estado. La titular de la SABG, Raquel Buenrostro, no inició el expediente de forma discrecional, sino que este se activó por mandato legal.

El tema cobró relevancia pública tras declaraciones del propio Ebrard, realizadas el pasado 16 de abril, en las que reconoció que su hijo vivió en la residencia diplomática por invitación de la entonces embajadora en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien, según su versión, lo trató “como un hijo”. El funcionario negó irregularidades o uso indebido de recursos.

Hasta el momento no se han anunciado sanciones ni consecuencias legales, y Ebrard permanece en funciones como secretario de Economía.

El caso ha generado un intenso debate político y mediático, con interpretaciones divididas sobre si se trata de una conducta administrativa irregular o de un asunto de carácter estrictamente personal. La Secretaría Anticorrupción no ha informado plazos para el avance o conclusión de la investigación.