La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, denunció el 18 de noviembre de 2025 que Edson Saúl Andrade Lemus, uno de los principales promotores de la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre contra la inseguridad y la corrupción, fue contratado por el Partido Acción Nacional (PAN) en la CDMX por 2 millones 106 mil 810 pesos desde febrero de 2025.
Alcalde compartió en sus redes sociales documentos que incluyen un contrato y facturas firmadas con el Comité Directivo Regional del PAN, representado por Óscar Agüero Zúñiga, por prestación de servicios de estrategia digital y gestión de redes sociales. El acuerdo establece 12 pagos mensuales de 175 mil 577.50 pesos, que según Alcalde Andrade sigue recibiendo.
La dirigente calificó la situación como una coincidencia sospechosa, señalando que el joven “apartidista” habría participado en la marcha con motivaciones partidistas: “Qué coincidencia que el principal impulsor de la marcha de la Generación Z haya sido contratado por el PAN”, escribió, sugiriendo que podría formar parte de una estrategia opositora para generar tensión política.
Por su parte, Edson Andrade respondió el 19 de noviembre en un video viral con casi 1 millón de vistas, reconociendo la contratación pero aclarando que los recursos son destinados a proyectos digitales de su equipo de jóvenes, y no a él personalmente. Andrade acusó a Alcalde y al gobierno de una persecución política al filtrar datos personales, exponiéndolo al crimen organizado, y anunció su salida indefinida de México por seguridad: “Me expuso como si fuera un criminal… La responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme”, comparando su caso con el asesinato del alcalde Carlos Manzo.
En respuesta, el PAN defendió a Andrade, calificándolo como víctima de acoso gubernamental y afirmando que el contrato es legal y transparente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que la información es pública para fines de transparencia y atribuyó la movilización a “pocos jóvenes” infiltrados por intereses de la oposición.
El caso ha generado tendencias y debates en redes sociales, con hashtags como #EdsonAndradeExiliado y discusiones sobre libertad de expresión frente a financiamiento político, polarizando opiniones entre quienes consideran a Andrade un “héroe perseguido” y quienes lo ven como un “operador pagado”.
Este conflicto escaló las tensiones tras la marcha de la Generación Z, reavivando acusaciones de farsa juvenil por parte de Morena y podría tener nuevas repercusiones judiciales o políticas si se confirman los detalles de su exilio o de la contratación.








