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La columna de Gabiel Bistró Medinilla

Desde siempre la izquierda mexicana tuvo como uno de sus estandartes la lucha contra la rampante corrupción de gobiernos como los de López Portillo o Salinas, de Fidel Herrera, los Moreiras, los Duartes, Mario Marín, entre muchos, muchísimos otros. En muchas de esas etapas el PAN mejor calló porque según ellos, “cogobernaban” y compartían proyecto (en épocas del neoliberalismo).

De igual manera en los enormes escándalos de corrupción de panistas como Rafael Moreno Valle, Calderón, Fox, Martha Sahagún y sus hijos los bribones Bribiesca, el priísmo se hacía de la vista gorda, y la izquierda era la única que con cifras en mano denunciaba. Heberto Castillo, Rosario Ibarra, Pablo Gómez, Arnoldo Martínez Verdugo, y por supuesto Andrés Manuel López Obrador, eran de los principales abanderados, éste último, tomando el término “Honestidad” como núcleo, como parte insoslayable de un movimiento nacional y de un proyecto de Estado, ganándose así la simpatía de millones de personas que estábamos hartos de la corrupción institucionalizada.

Así, tras el primer trienio de la 4T donde toca revisión a esos primeros gobiernos que se identificaban como obradoristas, llega un momento político de gran trascendencia. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en estos tiempos y nadie les debería temer, y mucho menos atribuirlas a inexistentes persecuciones.

Hay quienes se aprovecharon de la imagen del Presidente y del respaldo popular que tiene, pero que al llegar al gobierno actuaron de manera diametralmente opuesta. Un claro ejemplo de esto es el gobierno municipal de Puebla cuando fue encabezado por Claudia Rivera, que tuvo serios señalamientos por irregularidades de cientos de millones de pesos en contratos de adquisición de bienes, obras y servicios que nunca fueron debidamente aclarados, como el de las barredoras, los respiradores usados o las minidespensas, entre otros.

Hoy la rendición de cuentas tiene que ser ejemplar y no dejar dudas, deslindar responsabilidades o aplicar sanciones si hay delitos o faltas que por ley así lo ameriten, más si se trata de un gobierno emergido de un movimiento que juró desterrar la corrupción y que con ese argumento se ganó el corazón y el voto de los mexicanos. Si robar está mal, robarle al Pueblo su dinero es peor, y hacerlo en un gobierno emanado de la 4T es altísima traición.

Por eso Morena debería retirarle su militancia si es que se encuentra responsabilidad contra Claudia Rivera o quienes fueran parte de su gobierno, muchos de ellos con historiales de ética dudosa en su paso por la administración pública en tiempos del morenovallismo, y de igual forma todos los familiares y parejas sentimentales que fungieron como funcionarios en esa administración.

Sería importante revisar a fondo las áreas del Ayuntamiento que estuvieron inmersas en escándalos por contratos como la Coordinación Ejecutiva de la presidencia, el DIF, Comunicación, Seguridad Ciudadana, y por supuesto Administración, y para el tema de extorsiones, Normatividad y regulación comercial, que con preguntar a dueños de restaurantes o bares podrían sacar mucha información. Habrá que investigar forzosamente y como parte de esta trama, de qué ingresos viven actualmente la ex presidenta municipal y su familia, puesto que oficialmente no tienen trabajo desde hace un año y lo que varias notas periodísticas apuntan es que el nivel de vida que llevan es fácil mantenerlo.

Es menester llegar a fondo en casos como éste y sancionar a los responsables pues marcará la verdadera diferencia entre Morena y los otros partidos. Sería también un gran ejemplo para las administraciones públicas actuales y venideras.