Durante el Foro de la Profesionalización del Servidor Público, especialistas expusieron la preocupante falta de preparación en la administración pública mexicana. Presentaron cinco puntos clave que evidencian la necesidad de reformar los procesos de selección y capacitación de los funcionarios:
- El 80% de los políticos y funcionarios solo tienen bachillerato.
A pesar de la responsabilidad que implica la función pública, la mayoría de quienes ocupan cargos gubernamentales carecen de formación profesional. Esto limita la capacidad de tomar decisiones informadas y eficientes en beneficio de la ciudadanía. - El 70% de los servidores públicos llegan por pago de favores o recomendaciones.
La designación de cargos sigue basándose en relaciones personales o compromisos políticos, en lugar de la experiencia y el mérito. Este fenómeno afecta la eficiencia gubernamental y perpetúa prácticas de corrupción e incompetencia. - Los perfiles más capacitados tienen pocas oportunidades de acceder a estos puestos.
A pesar de la existencia de profesionistas altamente preparados, los mecanismos de contratación en el sector público no priorizan la experiencia ni la formación académica, lo que dificulta que los mejores perfiles ocupen cargos clave. - Solo el 17% de los funcionarios cuenta con licenciatura y apenas el 1% con maestría.
Estas cifras reflejan un déficit preocupante en la preparación de los servidores públicos, lo que impacta en la calidad de la gestión y la toma de decisiones. Un servicio profesionalizado contribuiría a una administración más eficiente y transparente. - Aunque existen leyes para regular esto, rara vez se aplican.
Existen normativas que buscan garantizar la profesionalización del servicio público, pero su falta de aplicación permite que la discrecionalidad y el nepotismo sigan dominando los procesos de selección y contratación.
Ante este panorama, los participantes del foro coincidieron en la urgencia de establecer filtros estrictos, exámenes de selección y nuevas leyes que garanticen la presencia de servidores públicos calificados, con el fin de fortalecer las instituciones y mejorar la gestión gubernamental.
