La columna de Rodolfo Rivera Pacheco
Las terribles explosiones en San Pablo Xochimehuacán de hace justo una semana vuelven a poner al descubierto el enorme problema de las tomas clandestinas de ductos de combustibles de PEMEX que no se ha podido exterminar, sigue ahí y emerge a la luz pública cuando ocurre otra tragedia de las muchas que ya ha habido en Puebla y otros Estados del país.
Pero analizar el “huachicoleo” (término que ya se terminó de asentar en nuestro lenguaje cotidiano) es una tarea que hay que realizar desde varias perspectivas y no solo la delincuencial, que es la que todos destacan, por ser lo más visible del fenómeno, pero que en realidad abarca todo un abanico de temas sociales y gubernamentales. Y donde hay muchos responsables.
Las tomas clandestinas de ductos de PEMEX comenzaron a aparecer hace unos diez años cuando algunos listos se dieron cuenta que era un estupendo negocio robar y vender lo que todos usamos diariamente. Cuándo y dónde fue la primera toma clandestina, nadie lo sabe, pero tuvo que haber alguien con conocimiento y algunos implementos tecnológicos para poder hacerlo. Por ello siempre he pensado que los primeros “huachicoleros” fueron personal de la propia empresa paraestatal PEMEX y luego otros aprendieron rápidamente.
Pero para poder perforar ductos también tuvo que haber complicidad o al menos indiferencia de distintos niveles de autoridad. Las policías municipales en primera instancia en las Alcaldías por donde pasan los ductos, por supuesto Alcaldes que se empezaron a enterar y no hicieron nada para impedirlo, miembros del Ejército y los entonces Policías Federales de Caminos, hoy Guardia Nacional, que supuestamente vigilan las carreteras del país y el entorno de esos ductos. Y finalmente hasta Gobernadores que sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada o bien hasta se les sorprendió siendo cómplices o protectores de las bandas huachicoleras, como a Rafael Moreno Valle a partir de 2011 y hasta 2018.
Directivos de PEMEX y altos funcionarios federales también supieron del tema y nunca hicieron nada. Y quizás hasta Presidentes de la República (priistas y panistas) que vieron el saqueo clandestino como una buena fuente de recursos para sus campañas y para sus propios bolsillos.
Esa es la parte “productora” del huachicoleo. Pero falta la parte consumidora, en este ciclo de corrupción donde hay vendedores, pero también ávidos compradores de gasolina o gas barato. Porque el grueso del combustible robado no se vende al menudeo solamente (a orillas de carreteras donde cotidianamente vemos cómo se ofrece el producto… a metros de donde se encuentran patrullas de la Guardia Nacional), sino por supuesto al mayoreo, donde dueños de gasolinerías y empresas gaseras compraban y compran combustible robado, grandes empresas que transportan cualquier cantidad de mercancía o productos alimenticios y hasta gobiernos para mover sus flotillas de vehículos o patrullas. Negocio multimillonario que según cifras de PEMEX, le cuesta a la empresa más de 30 o 40 mil millones de pesos al año.
Finalmente, el huchicoleo también es un problema social y analizar cómo combatirlo es exactamente lo mismo que debatir sobre cómo evitar que haya migrantes hacia Estados Unidos, cómo terminar con el ambulantaje y economía informal o cómo evitar que haya evasión fiscal de los mexicanos. Sí, el debate es cómo erradicar la pobreza y luego la corrupción e impunidad en el país (y en Latinoamérica y en el mundo…).
Los huachicoleros tienen una base social en los municipios y juntas Auxiliares por donde atraviesan los ductos de PEMEX, en primer lugar por que hay asentamientos
irregulares que han permitido Alcaldes y Gobernadores. Miles de familias se asientan como paracaidistas en zonas de riesgo y sobre ductos de combustible porque simplemente no tienen otro lugar dónde vivir. Los Alcaldes lo saben y lo permiten porque no tienen otra forma de resolver el problema, pero también porque extorsionan a líderes de los grupos y organizaciones “sociales” y van dejando para el siguiente gobierno la solución del fenómeno, que por supuesto nunca llega.
Y desde luego mucha gente de las Municipios y Juntas Auxiliares (no toda, pero sí un buen número) también empieza a involucrarse con los huachidelincuentes por necesidad o por temor a las represalias, pero para el caso es lo mismo: Están inmiscuidos por obra o por omisión.
¿Qué gobierno y de qué partido resolverá el tema de la huachidelincuencia? ¿Quién reubicará a miles de familias que están asentadas irregularmente en las zonas de riesgo? ¿Cómo convencerán a miles a que se dediquen a otra actividad si no tienen ni empleo ni ingresos… ni muchos valores por los cuáles luchar? ¿Quién de los últimos 8 o 10 Alcaldes de Puebla (y de los 20 o 30 Municipios del Estado donde hay huachicol) ha resuelto el problema de la delincuencia huachicolera? ¿Quién de los últimos 5 o 6 Gobernadores ha resuelto el problema de la pobreza en Puebla?
¿Verdad que no es lo mismo ser borracho que cantinero?
En serio. El Gobernador que resuelva las anteriores interrogantes pasará a la historia y seré el primero en promover que haya una estatua en su honor.
Por lo pronto, a seguir en este macabro compás de espera para ver cuándo hay una tragedia más por alguna toma clandestina de combustible que estalla. Que desde luego no desea nadie.
