Juan Rodolfo Rivera Pacheco
La semana pasada, cientos de miles de personas marcharon en la Ciudad de México y otras capitales y ciudades importantes del país (y algunas en el mundo) para manifestarse contra las reformas a leyes electorales planteadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y conocidas genéricamente como el famoso “Plan B”.
Entre varias disposiciones, se busca reducir la plantilla del Instituto Nacional Electoral para años en los que no haya elecciones, se busca reducir los altísimos sueldos de Consejeros y altos funcionarios, se pretende cambiar la metodología para el nombramiento de los Consejeros y que ahora sean propuestos 20 candidatos por cada Poder Federal (20 el Ejecutivo, 20 el Legislativo y 20 el Judicial) y que de ahí se vote universalmente por los personajes y ocupen las Consejerías vacantes. También se busca modificar las disposiciones en torno a la Comunicación Social de partidos y gobiernos, entre otras cosas.
Los partidos opositores al Presidente y a MORENA y sus aliados ya comenzaron a interponer impugnaciones y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en este órgano se debe decidir si las reformas planteadas por MORENA (y que ya fueron aprobadas por ambas Cámaras del Congreso de la Unión) transgreden o no los mandatos constitucionales.
Y aquí viene lo interesante.
La Suprema Corte, integrada ahora por una ligera mayoría (de los 11 Ministros) de opositores al Presidente o al menos no identificados con su gobierno, es muy probable que determine que sí se violan principios constitucionales y muy probablemente se tire la mayor parte de propuestas del mentado “Plan B”.
Eso sería festejado con algarabía por los partidos y organizaciones críticas del Presidente, pues “lo habrían vencido” y lograrían que no se “establezca una dictadura” y se “acabe con las instituciones electorales democráticas”.
Pero de lo que no se han dado cuenta todas las huestes encabezadas por Claudio X. González y los líderes del PAN, PRI y PRD , es que si logran “tumbar” el “Plan B” de López Obrador, eso quiere decir que las cosas seguirían exactamente igual con respecto al INE. Sus Consejeros seguirían ganando cientos de miles de pesos mensuales de sueldo, continuaría la costosa burocracia enquistada en el INE y… los Consejeros se seguirían eligiendo igual que siempre (por votación mayoritaria de ternas en la Cámara de Diputados).
Y si los Consejeros se siguen eligiendo como siempre… entonces el partido mayoritario podrá imponer a Consejeros afines a su grupo. Y ese partido se llama MORENA. O sea, si todo sigue igual en el INE, el principal beneficiado será MORENA, pues puede mayoritear la votación en el pleno y dejar como propietarios a los Consejeros que ellos deseen. ¿Qué no se han dado cuenta los chicos de Claudio X. González?
O sea, si hubiera pasado la reforma electoral original (el “Plan A”) el Presidente López Obrador habría ganado indiscutiblemente, pero no ocurrió así. Si pasaran las reformas del “Plan B” y la Suprema Corte no pudiera tumbarlas, el Presidente ganaría también. Pero si la Corte determina la inconstitucionalidad de las reformas del Plan B y no pasan y todo sigue igual… MORENA y el Presidente también saldrán beneficiados, pues podrán poner a Consejeros afines en el INE (esto incluso fue advertido hace meses por el líder de MORENA en la Cámara de Diputados y Presidente de la JUCOPO; el Diputado Ignacio Mier Velazco).
En otras palabras: En los tres escenarios… gana el Presidente.
Y aquellos gritando que “habrá ganado la democracia” y no se cuantas arengas opositoras más, cuando en realidad creo que una vez más, López Obrador se los ha chamaqueado con un oculto “Plan C” (así le llamó mi amigo el Dr. Gabriel Hernández Campos, experto en el tema y quien me hizo ver todo lo anterior, lo cual agaredzco).
Y mientras… MORENA sigue arriba en preferencias pre-electorales para la Presidencia de la República, con casi tres a uno de ventaja. Y en Puebla para Gobernador… también.
Eso sí: “¡El INE no se toca!!!”
Plop!!
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