Lo que comenzó como una marcha pacífica por justicia se transformó en una jornada de caos y furia ciudadana. El 2 de noviembre de 2025, cientos de personas tomaron las calles de Morelia para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, pero la protesta terminó con graves disturbios en el Palacio de Gobierno estatal, dejando destrozos, detenciones y un clima político enrarecido.
Contexto de la protesta
Convocada a través de redes sociales, la marcha fue impulsada por organizaciones civiles, comerciantes y simpatizantes del edil asesinado. Los manifestantes partieron del Jardín Morelos rumbo al Palacio de Gobierno, con consignas como “¡Justicia para Manzo!” y “¡Fuera Morena!”, exigiendo la revocación del mandato del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y mayor seguridad frente al crimen organizado.
La indignación se debía no solo al crimen del alcalde —el séptimo edil asesinado durante el actual gobierno estatal—, sino también al clima de violencia persistente en Michoacán.
De la protesta al caos
A las 16:00 horas, los manifestantes iniciaron su recorrido entre cánticos y banderas mexicanas. Frente al Palacio, algunos grupos entonaron el Himno Nacional como símbolo de unidad.
Sin embargo, entre las 17:00 y 18:00 horas, un grupo de encapuchados rompió el cerco de seguridad e irrumpió por la puerta principal del edificio histórico sobre la avenida Madero. Una vez dentro, comenzaron los actos vandálicos: quema de mobiliario, rotura de cristales, pintas en paredes y el lanzamiento de objetos desde los balcones.
Según reportes locales, incluso se registraron pequeños incendios causados por artefactos incendiarios, aunque fueron controlados a tiempo. En un momento simbólico, manifestantes ondearon la bandera nacional desde los balcones del Palacio.
Intervención policial y saldo preliminar
Cerca de las 19:00 horas, elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegaron gases lacrimógenos para recuperar el control del inmueble. Ocho personas fueron detenidas, identificadas como Mario Emmanuel “N”, Raúl “N” y otros presuntos responsables de daño patrimonial y despojo.
Los daños materiales afectaron al menos 16 áreas del Palacio de Gobierno, incluyendo la puerta principal, muebles históricos y cristales. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por daños a propiedad pública.
Reacciones políticas y sociales
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó los hechos como “inaceptables” y prometió no impunidad en el caso del asesinato de Manzo. No obstante, durante el funeral del edil en Uruapan, fue abucheado y expulsado entre gritos de “¡Asesino!” por la multitud.
La presidenta Claudia Sheinbaum, desde su conferencia del 3 de noviembre, lamentó el crimen y defendió la estrategia de “abrazos, no balazos”, asegurando que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional en Michoacán.
Por su parte, la Fiscalía estatal confirmó que el arma utilizada en el homicidio de Manzo está vinculada con grupos delictivos como el CJNG, y reportó dos detenciones relacionadas con el caso.
Indignación nacional y próximas movilizaciones
En redes sociales, los hashtags #JusticiaParaManzo y #MoreliaEnFuria se volvieron tendencia nacional, con miles de usuarios compartiendo videos del ingreso violento al Palacio y mensajes de solidaridad con los uruapenses.
Organizaciones ciudadanas ya convocaron a una nueva manifestación para el 15 de noviembre en Morelia, donde exigirán la renuncia del gobernador Bedolla y una reforma urgente en materia de seguridad pública.
La muerte de Carlos Manzo, apodado “El Bukele Mexicano” por su política de mano dura contra el crimen, ha encendido un movimiento social que trasciende fronteras locales. En Michoacán, su nombre se ha convertido en un símbolo de resistencia y de la exigencia más urgente del país: vivir sin miedo.
