Los recientes citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Maru Campos y Rubén Rocha Moya han desatado un intenso debate político y jurídico en México sobre soberanía, crimen organizado y el alcance de las investigaciones federales.
La presidenta Claudia Sheinbaum buscó desactivar la controversia al afirmar que ambos casos corresponden únicamente a diligencias ministeriales y no a acusaciones formales.
Sin embargo, los expedientes que involucran a ambos mandatarios están relacionados con temas altamente sensibles para el país.
En Chihuahua, la investigación gira en torno al operativo realizado en la Sierra Tarahumara donde murieron dos agentes estadounidenses de la CIA durante acciones contra un supuesto narcolaboratorio.
El hecho generó tensión diplomática y abrió cuestionamientos sobre la presencia y actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano sin autorización federal completa.
La FGR busca esclarecer quién autorizó el operativo, qué autoridades tenían conocimiento y si existió una posible vulneración a la soberanía nacional.
En paralelo, el caso de Rubén Rocha Moya conecta con investigaciones impulsadas desde Estados Unidos sobre presuntos nexos entre funcionarios sinaloenses y “Los Chapitos”, una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa.
Aunque hasta ahora no existen cargos formales contra el mandatario morenista, la inclusión de su nombre en diligencias federales elevó la presión política sobre el gobierno federal.
Morena y sus aliados han defendido que los citatorios demuestran que la FGR investiga tanto a figuras oficialistas como opositoras, mientras que PAN y PRI acusan un posible uso selectivo de la justicia en el caso de Maru Campos.
El tema también reavivó la discusión sobre el fuero constitucional de gobernadores y la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en investigaciones vinculadas al narcotráfico.
Analistas consideran que la postura de Sheinbaum busca evitar que ambos expedientes se conviertan en una confrontación política abierta, especialmente en un contexto marcado por tensiones diplomáticas, seguridad nacional y acusaciones internacionales sobre infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales.
