La violencia vicaria continúa siendo una de las expresiones más graves y menos comprendidas de la violencia de género en México, y su aplicación deficiente en algunas entidades ha comenzado incluso a volverse en contra de las propias mujeres que la impulsaron, advirtió Luz Arredondo, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, durante una entrevista en el espacio informativo Los Conjurados.
En el diálogo conducido por Érika Rivero, la activista alertó sobre el caso de la doctora Estela Guadalupe de Casso Blanco, ocurrido en Coahuila, quien pese a ser promotora de la ley vicaria en esa entidad fue vinculada a proceso tras la aprobación de una legislación local que tipificó este tipo de violencia de manera “neutral”, sin perspectiva de género. Esta interpretación —explicó— permite que agresores utilicen la figura legal para criminalizar a las víctimas.
Arredondo subrayó que la violencia vicaria no es un conflicto entre progenitores, sino una estrategia de control y castigoejercida principalmente por hombres que, tras perder poder sobre la mujer, utilizan a hijas e hijos como instrumentos de daño. Entre las conductas más frecuentes se encuentran la sustracción, ocultamiento, manipulación emocional, amenazas y la obstaculización del vínculo materno-filial.
Durante la entrevista, la representante del Frente Nacional recalcó que esta forma de violencia está reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero su correcta implementación depende de la armonización de las leyes estatales y de una comprensión clara por parte de jueces, ministerios públicos y autoridades de procuración de justicia.
En el caso de Puebla, Arredondo señaló que la violencia vicaria aún no está tipificada como delito autónomo y solo se contempla como un agravante de la violencia familiar, lo que obliga a las víctimas a atravesar procesos legales largos, confusos y revictimizantes. Añadió que persiste la falta de capacitación institucional y criterios homologados para atender estos casos con enfoque de derechos humanos y de infancia.
La activista también alertó sobre la confusión deliberada entre violencia vicaria y obstrucción parental, conceptos distintos que, al mezclarse, diluyen la gravedad del fenómeno y favorecen narrativas que buscan desacreditar los avances en materia de protección a las mujeres.
Finalmente, adelantó que desde el ámbito federal se prepara un nuevo proceso de homologación nacional para fortalecer la aplicación de la ley vicaria en los estados, con el fin de evitar interpretaciones regresivas y garantizar que esta legislación cumpla su objetivo: proteger a mujeres, niñas y niños de una forma extrema de violencia.
Arredondo llamó a las víctimas a buscar acompañamiento legal y psicológico, y reiteró que la lucha contra la violencia vicaria no pretende confrontar géneros, sino romper ciclos de violencia que afectan directamente a las infancias y vulneran derechos fundamentales.
