La diputada local del PVEM, Norma Pimentel, afirmó que el verdadero reto en materia de violencia contra las mujeres no es solo crear leyes, sino vigilar que se cumplan y que el presupuesto público se traduzca en acciones reales de protección.

En entrevista en Los Conjurados, la legisladora recordó que Puebla mantiene alerta de violencia de género en 50 de sus 217 municipios, medida que deriva de compromisos internacionales asumidos por México tras la sentencia del caso Campo Algodonero, que obligó al Estado a fortalecer sus mecanismos de prevención y justicia frente a los feminicidios.

Explicó que desde 2018 la ley federal establece la obligación de incorporar la perspectiva de género de manera transversal en los presupuestos públicos. “No se trata de cuánto dinero asignan, sino de qué están haciendo con él”, puntualizó. En ese sentido, impulsa que las instancias fiscalizadoras revisen si los municipios están cumpliendo con capacitación, protocolos, seguimiento a víctimas y sanciones administrativas.

Pimentel destacó la operación de las UDAIM (Unidades de Atención Inmediata a las Mujeres), cuerpos policiales especializados que atienden casos de violencia y activan órdenes de protección en coordinación con el Poder Judicial. Sin embargo, advirtió que estos avances deben institucionalizarse mediante acuerdos de Cabildo para que no desaparezcan con los cambios de administración en 2027.

La diputada también abordó el debate sobre la perspectiva de género y aclaró que no se trata de excluir a los hombres, sino de reconocer desigualdades estructurales históricas que han colocado a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Afirmó que la violencia familiar sigue siendo una problemática extendida y que la prevención debe comenzar desde el hogar, con educación emocional y trabajo en nuevas masculinidades.

De cara al 8 de marzo, consideró que México vive un momento histórico con mayores espacios de participación femenina y nuevas instituciones dedicadas a la protección de derechos. No obstante, reconoció que la violencia persiste y que el aumento en denuncias también refleja una mayor visibilización social.

Finalmente, sostuvo que el objetivo a largo plazo es que la perspectiva de género deje de ser una política diferenciada y se convierta en una práctica natural en todas las acciones de gobierno. “La responsabilidad del Congreso es vigilar que las leyes se cumplan y que los recursos realmente protejan a las mujeres”, concluyó.