Durante la madrugada de este 2 de febrero, Javier López Zavala, exsecretario de Gobernación de Puebla y sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México, considerado uno de los penales de mayor seguridad del país.
El traslado se realizó bajo un operativo especial y ocurre luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez, solicitara formalmente a la federación su reubicación, derivado de problemas internos detectados en el penal de San Miguel, donde López Zavala permanecía recluido.
A esta petición se sumó la exigencia pública y formal de Helena Monzón, hermana de la víctima, quien denunció que el sentenciado presuntamente gozaba de privilegios y beneficios indebidos, presuntamente otorgados por personal penitenciario. Entre los señalamientos más graves, investigaciones periodísticas documentaron que López Zavala controlaba tres concesiones al interior del penal —una panadería, una abarrotera y un punto de venta de productos Coca-Cola—, las cuales le habrían generado ingresos diarios durante su reclusión.
Autoridades estatales recordaron que El Altiplano es el penal de origen de López Zavala, y que su permanencia en Puebla fue temporal, únicamente para enfrentar el proceso penal por el feminicidio de Cecilia Monzón. Una vez emitida la sentencia condenatoria, se procedió a su reubicación definitiva en un centro federal.
Cabe señalar que la autorización del traslado fue confirmada desde el pasado 8 de enero, sin embargo, el operativo se postergó y se concretó casi un mes después. Con este movimiento, el exfuncionario queda recluido en un penal de máxima seguridad, sin posibilidad de los beneficios que se le atribuían en el centro penitenciario poblano.
