El Senado de la República aprobó en lo general la Ley General de Aguas con 85 votos a favor y 36 en contra, en una sesión realizada bajo trámite acelerado. La nueva legislación sustituye a la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua, reconocido en el Artículo 4 Constitucional, y modernizar el sistema de gestión hídrica en México.
Mecanismos clave de la nueva ley
Entre las principales disposiciones se encuentran:
- Creación de un Registro Público de Agua Nacional, para transparentar el uso y concesiones.
- Establecimiento de un Fondo de Reserva para comunidades con acceso limitado al recurso.
- Facultades para cancelar concesiones acaparadas o sin uso, combatiendo prácticas ilegales y especulativas.
- Regulación de obras privadas de captación pluvial y endurecimiento de sanciones por extracción ilegal, reforzando la supervisión sobre el uso del agua.
Posturas enfrentadas
Los legisladores que respaldaron la iniciativa sostuvieron que la reforma garantiza el derecho al agua, combate el acaparamiento y el mercado negro, y moderniza un sistema que consideran obsoleto.
En contraste, la oposición y productores agrícolas criticaron que el proceso legislativo se realizara de forma apresurada, señalando que se dejaron de atender inquietudes del sector, particularmente en el norte del país. Agricultores cuestionaron la eliminación de la transmisión privada de concesiones y expresaron incertidumbre sobre la protección de sus derechos históricos, aunque la ley garantiza la continuidad de herencias y compraventas de predios.
Con esta aprobación, el Senado da un paso decisivo hacia una regulación más transparente y orientada al derecho humano al agua, mientras sectores productivos demandan clarificaciones sobre su impacto en la actividad agrícola.
