Conflicto por transporte irregular detona bloqueos recurrentes.
Redacción Los Conjurados
El bloqueo registrado este martes 31 de marzo en la autopista Puebla–Orizaba no es un hecho aislado, sino parte de una serie de movilizaciones que reflejan un conflicto persistente entre concesionarios del transporte público y autoridades estatales en Puebla.
Integrantes de Antorcha Campesina, junto con operadores de la Ruta 100 y habitantes de San Miguel Espejo, han recurrido de manera reiterada al cierre de esta vialidad como mecanismo de presión ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), luego del retiro de al menos 16 unidades por presuntas irregularidades.
Las autoridades han señalado que los vehículos no cumplían con requisitos legales, como permisos vigentes, revisión vehicular o documentación en regla, lo que motivó su aseguramiento. Sin embargo, los inconformes sostienen que las unidades deben ser devueltas y acusan incumplimiento de acuerdos previos.
El patrón de bloqueos —registrados en fechas recientes como el 11, 13, 26 y ahora el 31 de marzo— ha generado afectaciones constantes en una de las arterias más importantes del estado, impactando tanto a la movilidad local como al tránsito de largo recorrido hacia el sureste del país.
Aunque en algunos casos se ha logrado la liberación parcial de las unidades retenidas mediante negociaciones, el conflicto no ha sido resuelto de fondo, lo que mantiene latente la posibilidad de nuevas protestas.
Especialistas en movilidad advierten que este tipo de acciones evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación del transporte público, así como de establecer canales de diálogo más eficaces que eviten afectaciones a terceros.
Por ahora, la situación continúa en desarrollo, con autoridades y manifestantes en busca de acuerdos que permitan desactivar el conflicto sin recurrir a bloqueos que impactan a miles de ciudadanos.
