En otro tema, habló sobre su destitución y el cobro de cheques a su nombre
Redacción Los Conjurados
El próximo miércoles a las 12 horas, José Juan Espinosa Torres presentará una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de Verónica Vélez Macuil, ex directora de Comunicación Social durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
La denuncia abarcará la presunta violación de derechos humanos de Espinosa Torres, tanto en calidad de ciudadano como de entonces diputado local, así como el alegado uso indebido de recursos públicos.
En una conferencia de prensa, Espinosa Torres explicó que esta denuncia es el inicio de un proceso que se espera llevará a otras presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), todas respaldadas con documentación precisa.
El político afirmó que Verónica Vélez, en su papel como directora de Comunicación, actuó como fiscal, juez y proporcionó información de manera indebida, violando así sus derechos político-electorales. Alegó también que se desviaron recursos al utilizar la Casa Aguayo y las redes gubernamentales del Estado con fines que vulneraron sus derechos.
En otro tema, Espinosa Torres informó sobre la notificación de la radicación de su denuncia presentada ante el órgano interno de control del Congreso del Estado, relacionada con su destitución que él mismo califica como ilegal y el cobro de cheques a su nombre. Hizo un llamado respetuoso a los ex integrantes de la LX Legislatura para que no influyan y permitan que el órgano de control interno resuelva la denuncia de manera justa y conforme a la ley.
Asimismo, propuso la figura de un vicegobernador o suplente para evitar situaciones similares a la ocurrida en Nuevo León. Recordó la controversia que rodeó al nombramiento de un «encargado de despacho» en Puebla tras la trágica muerte de la entonces gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, señalando que en ese momento se distorsionó la ley al no existir tal figura en la constitución local.
José Juan Espinosa reafirmó su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos y defender lo que considera un acto irregular que atropelló la constitución local.
