Este 13 de enero de 2026, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, junto con los gobiernos de Minneapolis y St. Paul, presentó una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trumppara intentar bloquear el despliegue masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la región metropolitana, como parte de la llamada “Operation Metro Surge”.
La acción legal se produce tras la intensificación de la operación que inició en diciembre de 2025 y que ha llevado a más de 2,000 agentes armados y enmascarados a comunidades de Minnesota, lo que las autoridades locales califican de despliegue sin precedentes que ha sembrado temor entre residentes y sobrepasado la capacidad de las fuerzas de seguridad locales.
Ellison y los alcaldes de las Ciudades Gemelas sostienen que la presencia de estos agentes viola la Constitución de Estados Unidos, incluyendo las Enmiendas Primera y Décima, al interferir con derechos fundamentales y usurpar competencias reservadas a los estados. Además, acusan que las tácticas incluyen uso excesivo de la fuerza, detenciones sin órdenes judiciales y arrestos indiscriminados lejos de la frontera, generando caos, cierres de escuelas y negocios, y obligando a desviar recursos policiales locales.
La demanda busca que un tribunal federal emita una orden judicial para detener la operación, argumentando que el despliegue no solo es inconstitucional sino que también viola leyes federales como la Administrative Procedure Act al actuar de manera “arbitraria y caprichosa”.
El caso se da en el contexto de tensiones crecientes tras el tiroteo fatal de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good por un agente de ICE el 7 de enero en Minneapolis —un incidente que desató protestas y condenas a nivel nacional— y ocurrió mientras otros estados, como Illinois, también presentaban acciones legales similares contra el gobierno federal por operativos de inmigración.
Las autoridades locales insisten en que la presencia de agentes federales en las comunidades debe coordinarse con las autoridades estatales y municipales, y que cualquier intervención que afecte la seguridad pública y los derechos civiles debe estar sujeta a supervisión judicial.
