FOTOGRAFÍA: LA JORNADA
Desde hace días, Elisa Concepción Celis González duerme en las inmediaciones de Casa Jalisco en protesta pacífica. La arquitecta y activista asegura que el Estado de Jalisco desacata resoluciones federales que ordenan la restitución de su hijo menor, quien permanece sustraído pese a existir amparos vigentes.
Celis —cofundadora del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria A.C. y representante estatal en Jalisco— sostiene que su caso se ha convertido en un ejemplo de impunidad judicial prolongada, marcada por excusas procesales, retrasos y falta de ejecución de órdenes federales.
“Esto no es un conflicto familiar; es desacato”, ha señalado.
Seis años de litigio
El caso se remonta a 2018, cuando tras la ruptura con el padre de sus hijos, Elisa obtuvo la custodia legal. En julio de 2019 firmó un convenio judicial para convivencia vacacional; al concluir el periodo, los menores no regresaron.
Aunque posteriormente tribunales federales revocaron determinaciones que favorecían al progenitor y ordenaron la restitución inmediata, la ejecución no se concretó durante años.
En octubre de 2022 recuperó a sus hijos; sin embargo, en enero de 2023 ocurrió una nueva sustracción del menor Patricio. Desde entonces, afirma, no se ha logrado una restitución efectiva pese a existir resoluciones judiciales vigentes.
Excusas judiciales y caso en la Suprema Corte
De acuerdo con la madre, más de 30 jueces familiares se han excusado de conocer asuntos relacionados con la restitución, lo que —asegura— ha obstaculizado el acceso a la justicia y afectado el interés superior del menor.
El expediente escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el amparo directo en revisión 948/2023, la Primera Sala resolvió emitir una nueva sentencia considerando como eje el interés superior del menor.
Para Celis, esa resolución confirma la relevancia nacional del caso.
Denuncia por incumplimiento adicional
Además de la restitución, la activista denuncia que el Gobierno de Jalisco incumple un amparo federal que ordena garantizar condiciones mínimas dignas para sostener su protesta pacífica, como acceso a energía eléctrica, agua, baño y medidas básicas de higiene.
“Negar condiciones mínimas también es violencia institucional”, afirma.
Señalamientos de silenciamiento
Celis sostiene que su caso ha sido minimizado en espacios públicos y que se han difundido narrativas que lo reducen a un conflicto patrimonial, versión que rechaza. Argumenta que existen mecanismos legales específicos para disputas económicas que no implican años de litigio ni múltiples amparos.
Exigencias
La madre exige:
- Revisión federal inmediata del caso
- Ejecución efectiva de las órdenes de restitución
- Sanciones por desacato
- Cumplimiento del amparo sobre condiciones dignas
- Garantías de protección
- Restitución inmediata del menor
Ante la falta de respuesta local, anunció que buscará respaldo de colectivas y organizaciones en otros estados para visibilizar el caso a nivel nacional.
Hasta el momento, el Gobierno de Jalisco no ha emitido una postura pública detallada sobre los señalamientos específicos de desacato.
