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La iniciativa de la diputada Daniela Mier plantea la adición del artículo 376 Bis al Código Civil 

Redacción Los Conjurados

Bajo la premisa de que los cónyuges deben gozar de los mismos derechos y obligaciones en la protección, crianza y manutención de las hijas e hijos, la diputada Daniela Mier Bañuelos presentó una iniciativa con la que se pretende separar equitativamente los bienes adquiridos durante el matrimonio, esto, cuando se realice el proceso de divorcio. 

En la iniciativa, se propone adicionar el artículo 376 Bis al Código Civil del Estado y se indica que, para efectos de un divorcio, al existir régimen de separación de bienes, cuando alguno de los cónyuges haya realizado trabajo del hogar, o cuidados de la familia de forma cotidiana, o tenga desproporcionalmente menos bienes que el otro cónyuge, tendrá derecho a una compensación de hasta 50 por ciento del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio. 

Durante la presentación de la propuesta, en sesión de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, la diputada Daniela Mier manifestó que esta situación afecta con mayor frecuencia a las mujeres, quienes al concluir su matrimonio cuentan con un menor patrimonio que sus parejas, ya que se dedicaron al trabajo del hogar. 

“Cuando uno solo de los cónyuges se encarga del trabajo doméstico, permite al otro enfocarse en su carrera profesional, trabajo u oficio, lo que le garantizará un mayor patrimonio al final de la unión. Mientras que la inversión del tiempo al cuidado familiar de la otra parte, no le aportará ningún tipo de patrimonio material, generando así un desequilibrio y poniendo en desventaja a uno de ellos, siendo en su mayoría mujeres”, expuso. 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y resolución procedente. 

En otro punto de la sesión, la diputada Mónica Silva Ruiz presentó una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley de Búsqueda de Personas, con el fin de crear el Centro Estatal de Identificación Humana, con independencia técnico-científica, unidad que estaría adscrita a la Comisión de Búsqueda en la entidad. La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y Derechos Humanos. 

La Comisión Permanente del Congreso del Estado dio cuenta de las siguientes iniciativas y un punto de acuerdo: 

La propuesta de la diputada Erika Patricia Valencia Ávila para modificar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, a fin de integrar la perspectiva de género y un enfoque transversal en diferentes artículos relacionados con el Plan Municipal de Desarrollo. Fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales. 

La iniciativa que presentó la diputada Karla Victoria Martínez Gallegos, para modificar los artículos 78 y 91 de la Ley Orgánica Municipal con el objetivo de establecer que, en las demarcaciones indígenas, las señales informativas de nomenclatura oficial, así como sus topónimos, sean escritas en español y en las lenguas originarias. Fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales.

Asimismo, la iniciativa que presentó la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia para modificar el artículo 129 de la Ley de Víctimas y establecer que, quienes integren la Asesoría Jurídica se desempeñen como peritos, intérpretes, traductores lingüísticos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas. La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. 

Una iniciativa de la diputada Nancy Jiménez Morales para modificar el artículo 110 de la Ley de Transporte, con el objetivo de que los concesionarios y operadores del transporte público respeten los derechos humanos de las personas con discapacidad, movilidad limitada o que forman parte de alguno de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Fue turnada a la Comisión de Transportes y Movilidad para su análisis y resolución procedente. 

Finalmente, del exhorto que promovió la diputada Karla Rodríguez Palacios, el cual está dirigido a la Comisión Nacional del Agua para que determine cuáles son las causas de las sequías que se presentan en el Estado e implementen medidas, acciones y programas. Este punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.