Se recordaron casos recientes a nivel nacional donde periodistas, ciudadanos e incluso amas de casa han sido sancionados por emitir opiniones críticas en redes sociales.
Reacción Los Conjurados
En el programa Los Conjurados, la periodista Erika Rivero Almazán sostuvo una conversación con Zeus Munive, director de Revista 360°, y Edmundo Velázquez, director de Periódico Central, en torno a la recientemente aprobada Ley de Ciberseguridad en Puebla, particularmente sobre la reforma al artículo 480 del Código Penal que ha generado controversia entre sectores políticos, jurídicos y de medios de comunicación.
Los comunicadores coincidieron en que, aunque es urgente legislar sobre delitos digitales como el grooming, la suplantación de identidad o el acoso en redes, la actual redacción de la ley resulta ambigua y podría ser usada para inhibir la crítica legítima, criminalizando el trabajo periodístico y la libertad de expresión ciudadana.
Durante la charla, se expuso el riesgo que representa la modificación al artículo 480, que establece penas de hasta tres años de prisión por “injurias, agravios o vejaciones” digitales, sin precisar de forma clara los alcances de estos términos. Esta falta de claridad, advirtieron, puede prestarse a interpretaciones arbitrarias por parte de actores políticos.
Se recordaron casos recientes a nivel nacional donde periodistas, ciudadanos e incluso amas de casa han sido sancionados por emitir opiniones críticas en redes sociales. Entre ellos destacan el de Laisha Wilkins, Jorge González, Rubí Soriano y el cierre del medio Tribuna de Campeche, entre otros. En todos estos casos, los entrevistados señalaron un patrón preocupante: el uso de herramientas legales para perseguir a quienes opinan o informan.
En el plano local, también se discutió el contexto histórico de tensiones entre el poder y los medios en Puebla, desde los gobiernos de Mario Marín y Rafael Moreno Valle hasta la actualidad. Se denunció que actores políticos que hoy critican la ley, como integrantes del PAN o figuras empresariales, guardaron silencio cuando se aprobaron medidas similares en administraciones pasadas.
La presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, ha sostenido que la ley no está dirigida contra periodistas, sino contra el uso de cuentas falsas que violentan digitalmente a personas. Sin embargo, los periodistas señalaron que esta intención debe plasmarse con claridad en la ley para evitar abusos.
Como propuesta, se llamó a reformar el artículo 480 con base en principios jurídicos claros y específicos, profesionalizar la policía cibernética y mantener las herramientas legales contra delitos reales, sin vulnerar derechos constitucionales. También se sugirió llevar el tema al Congreso federal para construir una Ley General de Ciberseguridad.
Finalmente, los participantes subrayaron que la libertad de expresión está protegida por la Constitución y tratados internacionales firmados por México, por lo que cualquier legislación local que atente contra este derecho podría ser impugnada. «El día que dejemos de hacer crítica, nos convertimos en publirrelacionistas», concluyó Edmundo Velázquez.
