El diputado federal Alejandro Carvajal, integrante de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, compartió en entrevista con el programa Los Conjurados cinco puntos clave para atender la crisis habitacional derivada de la invasión de viviendas del Infonavit y la falta de justicia para los propietarios.
- Modificar el Código Penal para castigar la invasión de viviendas
Carvajal propuso reformar tanto el Código Penal como el Civil para que el delito de despojo de vivienda se considere grave y los juicios de desalojo sean ágiles y menos costosos. “Hay que proteger al verdadero dueño, quien con esfuerzo construyó un patrimonio”, sentenció. - Propuesta del Infonavit es viable si se protege al propietario
Sobre el programa de arrendamiento con opción a compra para personas que habitan casas invadidas, el legislador consideró que puede ser una solución válida, siempre que no vulnere los derechos de los propietarios originales. “No se puede vender una casa que sigue estando a nombre de alguien más”, advirtió. - Más de 500 mil viviendas del Infonavit están deshabitadas o vandalizadas
De acuerdo con datos compartidos por el diputado, existen más de medio millón de viviendas del Infonavit en condición de abandono o afectadas por el vandalismo en todo el país, resultado de una mala planeación de vivienda desde sexenios anteriores. - Casas de \$400 mil pesos podrían venderse en \$150 mil a sus invasores
Muchas de estas viviendas, deterioradas y en zonas marginadas, están siendo ofrecidas con descuentos de hasta el 60%. “Una casa que valía 400 mil pesos podría venderse en 150 mil por su estado actual, lo que genera molestia entre quienes pagaron el valor completo”, explicó. - Un juicio de desalojo no debe durar más de 6 meses
Finalmente, Carvajal urgió a que los procesos judiciales por desalojo se resuelvan en un plazo máximo de seis meses, para evitar que los propietarios enfrenten años de litigios costosos e ineficaces: “No puede ser que el que comete el delito esté más protegido que la víctima”, remató.
Con estas propuestas, el legislador busca que el debate nacional sobre la vivienda recupere su sentido de justicia social, sin fomentar la impunidad ni dejar en el abandono a quienes han cumplido con sus obligaciones como derechohabientes.
