La columna de Isabel Merlo Talavera
Acoso sexual y violencia estructural, dos problemas con una misma solución… la voluntad política.
La docencia, fue hace unos años, una profesión que se visualizaba predominantemente para las mujeres, éramos más mujeres quienes participábamos en las aulas estudiando en las escuelas normales o en las universidades pedagógicas.
Era común conversar entre compañeras sobre las “dificultades” (por decirlo de una manera elegante) que se vivían en el transporte público, sin embargo “eran otros tiempos” y de por sí era complicado que las mujeres accediéramos a formación académica profesional, por ello, esas “vicisitudes” las vivíamos en silencio, para evitar la preocupación de nuestros padres y ser llevadas de regreso a nuestros lugares de origen.
La sociedad se ha transformado y parte de la estrategia de la lucha contra la violencia que vivimos las mujeres, es visibilizarla.
Lo que no se ve no existe, por ello es importante mostrar los diversos tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y a partir de allí, generar condiciones que ayuden a su erradicación.
El pasado 25 de noviembre, fue la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, en ese marco, se llevan a cabo los 16 días de activismo, que culminan el 10 de diciembre, coincidiendo con el día internacional de los derechos humanos.
Muy en contexto, ese mismo 25 de noviembre, el Congreso del Estado, aprobó por unanimidad el dictamen a la Ley de Transporte que presentaron la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales junto con la Comisión de Transporte y Movilidad, que me honro presidir.
La Ley de transporte, establece entre otras cosas, la implementación de protocolos de actuación en caso de registrarse la comisión de un delito como el acoso sexual al interior de la unidad de transporte.
También considera capacitación a las y los operadores de las unidades de transporte de personas, en materia de igualdad de género, entre otros aspectos como la atención a personas con discapacidad, aunque estas líneas las quiero enfocar al tema de la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres.
El 12 de diciembre del 2020, se publicó una reforma al artículo 4º de la Constitución Federal, que establece: Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
En ese sentido, es pertinente garantizar la movilidad de las mujeres en condiciones de seguridad.
Indudablemente es un reto para uno de los Estados, con mayores índices de denuncia por acoso sexual. Aunque según estadísticas de “ONU MUJERES” el 90% de mujeres que utilizan el transporte público, sufren o han sufrido acoso sexual en algún momento de su vida y no lo denunciaron, porque no hay cultura de la denuncia o porque consideran que no habrá sanción para el agresor.
Con información del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, la ciudad que tuvo más casos fue la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, registrando 197 carpetas de investigación, le siguió la Ciudad de Querétaro en Querétaro con 169, el municipio de Puebla en tercer sitio con 125 y la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México con 114 casos de denuncia.
Aún con esas cifras alarmantes, el tema sigue generando resistencias, dentro de algunas áreas de gobierno.
Indudablemente la construcción de un nuevo ordenamiento legal, toca de manera transversal diversos aspectos, económicos, políticos y sociales, unos con más resistencias que otros, aunque todos importantes.
En ese sentido, en el ejercicio de gobierno, unos temas se vuelven prioridad en la agenda pública, ya sea por su impacto social, económico o político y otros se postergan, por las mismas razones.
Hoy con un Congreso paritario, nos toca colocar los temas de género en los primeros lugares de la agenda pública, sin polarizaciones y sin una visión monotemática.
Existen un sinfín de temas que generan consenso entre las diversas corrientes de opinión en materia de género.
Uno de ellos, es la eliminación del acoso sexual, su servidora que traza estas líneas se enfocó en el acoso al interior del transporte, porque las dinámicas de movilidad de las mujeres, muestran que pasamos varias horas de nuestro día trasladándonos de un lugar a otro.
También otro tema que debemos considerar y nos debe llamar a la cohesión, es la eliminación de la violencia estructural.
La violencia estructural en razón de género, es una violencia silenciosa que se realiza desde los diferentes órganos de gobierno, se realiza contra las mujeres ya sea que formen parte de estas estructuras o no.
Lo que define la Diputada Nora Escamilla, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, como “romper techos de cristal”, para participar en la toma de decisiones.
La violencia estructural en razón de género, no tiene color, partido o ideología política, obedece a cuestiones culturales, en las que prevalece el pensamiento de que “los hombres son los que toman las decisiones”, es una violencia ejercida por alguna estructura social o institucional, en una condición de estratificación social, sin que exista violencia de manera directa, por lo que se requiere visibilizar estas situaciones y ayudar con voluntad política para erradicarlas.
Las mujeres hemos llegado a los espacios de toma de decisiones y nos vamos a mantener en ellos, por eso debemos ser escuchadas, entendidas y atendidas.
¡No queremos que se nos dé la silla, queremos que se nos dé nuestro lugar!
Nos vemos en la siguiente edición.
