A pesar del acuerdo voluntario impulsado por el gobierno federal para mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro, en diversas regiones del país —incluida Puebla— se han registrado casos donde el combustible supera ese límite, alcanzando incluso los 25 pesos o más.

El pacto, renovado en marzo de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum en coordinación con empresarios gasolineros agrupados en Onexpo, establece un tope máximo de 24 pesos para la gasolina regular durante al menos seis meses, como medida para contener el impacto del alza internacional en los precios del petróleo.

De acuerdo con reportes del sector, el acuerdo es cumplido por alrededor del 96% de las estaciones de servicio a nivel nacional, lo que mantiene el precio promedio de la Magna entre 23.65 y 23.99 pesos por litro. Sin embargo, al tratarse de un compromiso voluntario, no todas las gasolineras lo respetan, lo que ha derivado en casos aislados de incumplimiento.

En entidades como Puebla, así como en algunas zonas del norte del país, consumidores han denunciado que ciertos establecimientos venden la gasolina por encima del tope establecido, generando inconformidad y cuestionamientos sobre la efectividad real del acuerdo.

Especialistas atribuyen estas variaciones a factores como costos logísticos, márgenes de ganancia locales y decisiones comerciales de cada estación, lo que permite que existan diferencias de precio pese a la estrategia nacional.

Mientras tanto, el gobierno federal sostiene que no existe un “gasolinazo” generalizado, al destacar que el precio promedio se mantiene controlado en el combustible de mayor consumo. No obstante, el aumento en la gasolina Premium —que ya supera los 27 o 28 pesos por litro— y en el diésel, que ronda los 29 pesos o más, ha incrementado la percepción de encarecimiento entre la población.

El tema ha generado debate en redes sociales y medios, donde usuarios cuestionan la falta de mecanismos obligatorios para garantizar el cumplimiento del tope, mientras autoridades reiteran que el acuerdo ha sido efectivo frente a un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas que presionan los precios del crudo.

Por ahora, la situación se mantiene bajo monitoreo, sin anuncios de sanciones, aunque no se descarta que el gobierno refuerce la supervisión en caso de que los incumplimientos se extiendan.