Planteó reformas legales que harían obligatorias estas recomendaciones, con el fin de que las instituciones y funcionarios que las incumplan enfrenten consecuencias legales.
Los Conjurados
En entrevista con Érika Rivero Almazán para el programa Los Conjurados, Gabriel Hernández Campos, aspirante a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), manifestó su preocupación por el estado de los derechos humanos en Puebla, señalando que la entidad ocupa actualmente el cuarto lugar a nivel nacional en violación de derechos humanos.
Hernández Campos atribuyó gran parte de estas transgresiones a instituciones como la Fiscalía General del Estado y diversos ayuntamientos locales.
Hernández Campos subrayó que su prioridad sería sacar a Puebla de esta «vergonzosa posición» y propuso un enfoque de proximidad a la ciudadanía, mediante una presidencia itinerante.
“Hay municipios donde desconocen la existencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y eso debe cambiar”, afirmó, al tiempo que señaló la necesidad de acercar la institución a las comunidades que más requieren su protección.
Respecto a la efectividad de las recomendaciones emitidas por la CEDH, Hernández explicó que actualmente los funcionarios pueden optar por no acatarlas, lo que convierte muchas resoluciones en simples sugerencias.
En este sentido, planteó reformas legales que harían obligatorias estas recomendaciones, con el fin de que las instituciones y funcionarios que las incumplan enfrenten consecuencias legales.
«Es importante que la ley establezca con claridad la obligatoriedad de las recomendaciones de la CEDH, incluso para iniciar procedimientos administrativos que, en casos graves, permitan la destitución de funcionarios que ignoren estas disposiciones”, afirmó Hernández, agregando que una CEDH fortalecida y con autoridad efectiva sería fundamental para garantizar los derechos humanos en Puebla.
Con esta propuesta, Gabriel Hernández Campos busca no solo transformar la estructura de la CEDH, sino también consolidar una cultura de respeto y cumplimiento efectivo de los derechos humanos en Puebla.
