La ausencia de una homologación nacional y la mala aplicación de la Ley contra la Violencia Vicaria están generando un riesgo grave: que esta legislación, creada para proteger a mujeres e infancias, sea utilizada en su contra, advirtió Luz Arredondo, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Puebla, durante su participación en el programa Los Conjurados.
Como ejemplo, Arredondo señaló el caso de Coahuila, donde la ley fue aprobada bajo un enfoque neutral —aplicable tanto a hombres como a mujeres—, lo que permitió que la doctora Estela Guadalupe de Casso Blanco, activista y promotora de esta legislación, fuera vinculada a proceso por presunta violencia vicaria. Para la activista, este caso evidencia una distorsión del espíritu original de la ley.
“La violencia vicaria es una forma específica de violencia de género, acumulada y estructural, que se ejerce contra las mujeres a través de sus hijas e hijos. Cuando se borra esta perspectiva, se abre la puerta a criminalizar a las madres protectoras”, explicó.
Arredondo subrayó que no todo conflicto de guarda y custodia constituye violencia vicaria y alertó sobre la confusión deliberada entre este concepto y la obstrucción parental, una figura jurídica distinta que sí puede ser cometida por cualquiera de los progenitores y que ya cuenta con mecanismos legales propios.
Durante la entrevista, también advirtió que la falta de capacitación de ministerios públicos y operadores judiciales agrava el problema, ya que muchas denuncias no prosperan o se clasifican incorrectamente, dejando a mujeres e infancias en estado de indefensión.
Finalmente, llamó a los congresos estatales, incluido el de Puebla, a corregir vacíos legales y armonizar la legislación local con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para evitar retrocesos en derechos humanos y garantizar que la ley cumpla su función protectora y no punitiva contra quienes busca defender.
