Sheridan Balderas y Norma Jaramillo urgieron a esta fuerza política a tomar cartas en el asunto, que no lo encubran.

Redacción Los Conjurados

En una reveladora entrevista concedida a la periodista Érika Rivero Almazán durante el programa Los Conjurados, las representantes del Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, Sheridan Balderas y Norma Jaramillo, hicieron serias acusaciones contra Ángel Rivera Ortega, regidor en el Ayuntamiento de Puebla por el Partido del Trabajo (PT). Según las denuncias presentadas, Rivera Ortega estaría implicado en casos de violencia familiar en contra de sus hijas.

Durante el programa, Balderas y Jaramillo hablaron sobre una serie de videos que, según afirmaron, documentan al regidor ejerciendo violencia física y emocional en contra de dos mujeres que parecen ser menores de edad, en el interior de una vivienda. Aunque el año en que ocurrieron estos incidentes no ha sido precisado, las denunciantes recordaron que ya se había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en septiembre del año pasado.

A pesar de la denuncia inicial, las representantes del frente lamentaron que la investigación se encuentre archivada sin que se hayan tomado medidas concretas. Afirmaron que, en lugar de recibir justicia, el regidor ha utilizado su posición para eludir las consecuencias de sus acciones.

Sheridan Balderas y Norma Jaramillo acusaron directamente al Partido del Trabajo de proteger a sus militantes que enfrentan denuncias de violencia y acoso laboral. Según Balderas, «Las mujeres no podemos seguir viviendo con miedo y al regidor Ángel Rivera le debe llegar la justicia». Añadió que hay indicios de que la fiscalía podría estar encubriendo al regidor debido a sus conexiones con algunas autoridades.

El Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios hizo un llamado urgente a las autoridades para que revisen y actúen en contra del regidor del PT. Insistieron en que es imperativo que se garantice justicia y que se tomen medidas enérgicas para proteger a las víctimas y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Este caso ha levantado una ola de preocupación y exige una respuesta firme y transparente por parte de las autoridades locales y estatales para garantizar que los derechos de las víctimas sean protegidos y que se haga justicia.