“Setenta años de cárcel no borran los años de miedo, pero sí envían un mensaje: el maltrato tiene consecuencias”, afirmó Ana Karen Rodríguez madre poblana que logró una sentencia sin precedentes contra su expareja y familiares del agresor, responsables de la sustracción y desaparición forzada de sus hijas.
En entrevista para Los Conjurados con Érika Rivero Almazán, Ana Karen narró cómo tras años de búsqueda y procesos legales, obtuvo justicia luego de que un tribunal poblano dictara prisión para el padre de las menores, los abuelos paternos y la actual pareja del agresor. El fallo convierte su caso en un hito jurídico en México, al ser la primera ocasión en que un delito de sustracción de menores escala al de desaparición forzada entre particulares.
El abogado Víctor León, defensor del caso, explicó que la resolución marca un precedente en el país: “La jueza Carla Patricia Ambrosio determinó que hubo ocultamiento de las niñas y una participación directa de toda la familia paterna. Es un paradigma jurídico que demuestra que la ley puede actuar con firmeza ante la violencia vicaria”.
Durante la charla, Ana Karen Rodríguez reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, así como la coordinación del DIF estatal, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia. “Cuando toqué la puerta, el gobernador fue proactivo y el DIF no faltó a una sola audiencia. Por primera vez sentí que las instituciones estaban de nuestro lado”, expresó.
El caso también reavivó la discusión sobre la necesidad de fortalecer el marco legal, pues delitos como la violencia familiar o la violencia vicaria no están contemplados en el artículo 19 de la Constitución como de prisión preventiva oficiosa. “Eso provoca que muchos agresores salgan libres con facilidad”, señaló León.
Ana Karen hizo un llamado a las mujeres víctimas de violencia a no quedarse calladas: “Den el primer paso. El miedo paraliza, pero cuando se habla, cuando se denuncia, llega la ayuda”.
Su historia, que se ha convertido en símbolo de resistencia y justicia, refleja un mensaje claro: en Puebla, la violencia vicaria no quedará impune.
