El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden secreta que permite al Pentágono ejecutar operaciones militares directas contra cárteles de droga latinoamericanos designados como organizaciones terroristas, marcando un cambio radical en la estrategia antidrogas de Estados Unidos.
Según fuentes oficiales, esta directiva otorga a las Fuerzas Armadas facultades para actuar no solo en el mar, sino también en territorio extranjero, desplazando tareas tradicionalmente policiales hacia el ámbito militar. Esto implica la posibilidad de atacar a grupos como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), catalogados recientemente por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas extranjeras.
No obstante, la medida genera preocupación entre expertos legales, quienes advierten que la ejecución de operaciones que resulten en la muerte de sospechosos sin una amenaza inminente ni autorización expresa del Congreso podría ser considerada “asesinato”. Hasta el momento, no se ha confirmado si las entidades legales de la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Justicia han emitido dictámenes sobre la constitucionalidad de la directiva.
La Casa Blanca ha justificado esta acción afirmando que la prioridad es “proteger la patria” frente al aumento del tráfico de fentanilo y otras drogas que afectan a la población estadounidense.
Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado categóricamente cualquier tipo de intervención militar extranjera en territorio nacional, enfatizando el respeto a la soberanía y la cooperación bilateral dentro de los marcos legales.
Esta directiva secreta abre un capítulo complejo en la cooperación internacional contra el narcotráfico, con implicaciones políticas, jurídicas y diplomáticas que todavía están por definirse. Mientras tanto, la discusión sobre la militarización de la lucha antidrogas y el respeto a las leyes internacionales se mantiene en el centro del debate público.
