La diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara, se deslindó públicamente de su suplente Tania N., luego de que se difundiera un audio que presuntamente confirma vínculos de esta última con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante el proceso electoral de 2024.

En declaraciones difundidas por diversos medios locales, la legisladora afirmó que la designación de su suplente fue una decisión de la dirigencia estatal del partido, y no de ella. “Los diputados y diputadas no ponemos a los suplentes”, sostuvo, al responsabilizar a la estructura partidista de haber incluido a Tania N. en la fórmula que la llevó al Congreso local.

El caso tomó fuerza tras la filtración de un audio de aproximadamente cuatro minutos, entregado a medios de comunicación, en el que presuntamente se escucha a la exaspirante priista intercambiando indicaciones con presuntos integrantes del CJNG. En la grabación, según los reportes, se mencionan coordinaciones con una célula conocida como “La Barredora”, presuntamente vinculada a un líder criminal identificado como “El Apá”.

Tania N. fue detenida en mayo de 2024 en la colonia Tres Cruces de la ciudad de Puebla, señalada por su presunta participación en actividades relacionadas con el CJNG, entre ellas reclutamiento de sicarios, privaciones de la libertad y homicidios. Actualmente se encuentra recluida y enfrenta un proceso judicial.

Ante la polémica, Pozos Vergara aseguró que desconocía los antecedentes o presuntos vínculos criminales de quien fuera su suplente y calificó la difusión del caso como parte de una campaña negra en su contra, derivada de sus denuncias públicas sobre posibles irregularidades y presunta infiltración del crimen organizado en candidaturas.

La diputada priista incluso llamó a que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer si hubo infiltración del crimen organizado en procesos políticos, no solo en su caso, sino en general dentro de los partidos.

El tema revive el debate sobre la posible infiltración del crimen organizado en la política poblana, especialmente en municipios donde en años recientes se han registrado detenciones de autoridades o incluso la disolución de cabildos por presuntos vínculos con grupos criminales.

Analistas políticos advierten que el caso podría tener repercusiones partidistas y electorales, en un contexto donde el gobierno estatal ha alertado sobre la presencia de “narcocandidaturas” rumbo a los próximos procesos electorales.