En tanto, Morena, el PVEM, Compromiso por Puebla (CPP), Pacto Social de Integración (PSI) y Nueva Alianza (NA) han hecho caso omiso a los malos antecedentes de siete aspirantes, de los cuales cuatro son impulsados por el primer partido
Henry Sánchez Ortiz
Era bien sabido que el proceso electoral de este año sería diferente por la presencia de la pandemia de covid-19, sin embargo; la sorpresa para muchos fue el ver que todos los partidos políticos cobijaron en estas elecciones a candidatos vínculos con el crimen organizado o antecedentes claros de violencia contra la mujer, no sólo de Morena sino del PRI y el PAN también.
Actualmente los candidatos del PRI y del PAN, han iniciado un ataque mediático contra la ex candidatura de Saúl Huerta quien contendía por una diputación federal por el partido de Morena y quien ahora es acusado por abuso sexual contra un menor de edad, pero hay que mencionar que en el estado y a nivel nacional, el albiazul y sus aliados del PRI y el PRD mantienen a 14 candidatos quienes también presentan acciones jurídicas.
En tanto, Morena, el PVEM, Compromiso por Puebla (CPP), Pacto Social de Integración (PSI) y Nueva Alianza (NA) han hecho caso omiso a los malos antecedentes de siete aspirantes, de los cuales cuatro son impulsados por el primer partido.
Personajes involucrados del PRI, PAN, PRD
La coalición Va Por Puebla (PAN-PRI-PRD) tiene en esta contienda electoral a 12 candidatos con denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de peculado, fraude, acoso sexual, violación, falsificación de documentos, lesiones y ataques peligrosos.
Entre esta lista se encuentran la expresidenta municipal de Coronango Hermelinda Macoto Chapuli, abanderada a diputada local por el distrito XI de Puebla capital que enfrenta una denuncia por supuesto fraude y cohecho que presento el actual alcalde de esa demarcación, Antonio Teutli Cuautle, en agosto pasado, tres meses antes del inicio del proceso electoral.
Acusaciones similares enfrentan los candidatos a edil de Teziutlán, Huaquechula y San Andrés Cholula, Edgar Antonio Vázquez Hernández, Edwin Mora Caballero y Edmundo Tlatehui Persino, respectivamente; así como el abanderado a diputado Juan Enrique Rivera Reyes, quien competirá por el distrito local de Zacatlán, con la diferencia de que en estos cuatro casos las denuncias provinieron de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en octubre de 2020.
La ASE les imputa mal manejo de recursos en la función que desempeñaron como alcaldes en gestiones anteriores, con excepción de Tlatehui, a quien lo incrimina por inconsistencia que detectó en su paso por la Dirección de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula.
Edmundo Tlatehui y Enrique Rivera han promovido diversos juicios de amparo para defenderse de posibles órdenes de aprehensión.
A ese grupo de denunciados se suman los abanderados a alcaldes de Santa Clara Ocoyucan y San Pedro Cholula, Jesús Giles Carmona y Paola Elizabeth Angón y Silva, respectivamente, quien fueron acusados por el gobierno de Puebla de obtener títulos académicos irregulares del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), durante las administraciones estatales del PAN.
También enfrenta una denuncia por falsificación de documentos Jorge Estefan Chidiac, quien encabeza la lista del PRI de candidatos a diputados plurinominales del Congreso de Puebla.
Las acciones legales contra el tricolor las emprendió Cecilia Monzón Pérez, quien lo acusó de permitir como dirigente estatal de ese partido la falsificación de su firma en 2018, para bajarla del segundo al sexto lugar en la planilla de regidores al ayuntamiento de San Pedro Cholula.
Otro de los plurinominales del Revolucionario Institucional con asuntos pendientes con la justicia es Juan Carlos Lastiri Quirós, quinto lugar del listado que es vinculado al desvío de recursos públicos que se le imputa a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, presa desde el 13 de agosto de 2019, por esa causa.
De los candidatos a diputados de representación proporcional del PAN destacan Eduardo Alcántara Montiel y Patricia Valencia Ávila; el primero, por una denuncia por abuso sexual que presentó la aspirante albiazul Erika de la Vega a la FGE en marzo pasado; la segunda, por forma parte de una familia del municipio serrano de Venustiano Carranza que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha vinculado al huachicol, al narcotráfico, así como a asesinatos y secuestros.
A esos casos se suma el del abanderado a edil de Francisco Z. Mena, Gildardo Vargas García, acusado en 2019 de robar un camión de apoyos para campesinos, así como el del candidato a alcalde de Ajalpan, Sergio Sandoval Paniagua, denunciado por lesiones y ataques peligrosos, según reportes de medios de comunicación.
Por último, en la lista de abanderados con denuncias penales de la coalición Va por Puebla se cierra con el expriista Edgar Salomón Escorza, quien busca la alcaldía de San Martín Texmelucan. En 2014, fue denunciado por el delito de violación, sin embargo, la parte quejosa abandonó el litigio en 2015 por lo que fue cerrado ese año, según documentación que proporcionó el equipo del aspirante.
