La llamada «Ley Chaleco» forma parte de una reforma a la Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Puebla.

Redacción Los Conjurados

Durante su participación en el programa Los Conjurados, conducido por la periodista Erika Rivero, la diputada local del PRI, Delfina Pozos, expresó su preocupación por la forma en que se ha impulsado la conocida «Ley Chaleco», que busca regular a los motociclistas mediante el uso obligatorio de chalecos y cascos con el número de placa visible.

La legisladora advirtió que esta iniciativa debe ser construida con base en el diálogo, la apertura y el respeto a las opiniones ciudadanas. “No le puedes cerrar las puertas del Congreso a los ciudadanos. Hay que escuchar a los inconformes y lograr acuerdos”, sostuvo.

Pozos reconoció que es necesario establecer normas para garantizar la seguridad vial, tanto para motociclistas como para peatones y automovilistas, pero enfatizó que estas no deben imponerse de manera unilateral ni ser vistas como una medida con fines recaudatorios.

“Debe existir una medida regulatoria para los motociclistas, pero debemos escuchar a los ciudadanos para complementar esta ley”, reiteró, al tiempo que hizo un llamado a sus compañeros legisladores a abrir espacios de diálogo con los sectores involucrados, incluidos los repartidores, colectivos de motociclistas y usuarios frecuentes de este medio de transporte.

Finalmente, la diputada señaló que la Ley Chaleco debe partir del consenso social y no de la imposición, con el objetivo de que verdaderamente contribuya a mejorar la seguridad y movilidad, sin afectar injustamente a quienes usan la motocicleta como herramienta de trabajo o medio de transporte cotidiano.

EL CONTEXTO DE LA «LEY CHALECO»

La llamada «Ley Chaleco» forma parte de una reforma a la Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Puebla, impulsada por el gobierno estatal como una medida para combatir delitos cometidos a bordo de motocicletas. La iniciativa contempla que los conductores porten un chaleco y casco con el número de placa visible, con el fin de facilitar la identificación. Sin embargo, ha generado inconformidad entre motociclistas y repartidores, quienes consideran que la medida estigmatiza y criminaliza su actividad, además de representar un gasto adicional.