El Poder Judicial del Estado de Puebla abrió una investigación administrativa contra el juez Enrique Romero Razo y personal de su juzgado por presuntas anomalías en el manejo jurídico del caso de Manuel Forcelledo Nader, responsable del feminicidio de Karla López Albert.
La revisión inició luego de que se conociera un intento para modificar la situación jurídica del sentenciado, quien en 2021 recibió una condena de 76 años de prisión por feminicidio, violación equiparada y aborto.
Según reportes oficiales, se buscaba cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a firma periódica y uso de brazalete electrónico. La determinación fue emitida mientras el juez Romero Razo se encontraba ausente por motivos médicos y quedó firmada por la secretaria de acuerdos, Angélica Rodríguez Zamora.
El Consejo de la Judicatura revocó la resolución antes de que el acusado abandonara el penal de San Miguel y anunció el inicio de procedimientos internos para esclarecer lo ocurrido.
Las investigaciones incluyen posibles omisiones procesales, falta de notificación a familiares de la víctima y la inexistencia de registro audiovisual de la audiencia correspondiente.
El caso generó inconformidad social y pronunciamientos de colectivas feministas que solicitaron una revisión exhaustiva de las actuaciones judiciales. El gobernador Alejandro Armenta Mier también solicitó un informe detallado sobre el tema al Consejo de la Judicatura.
