La recuperación de menores tras casos de violencia familiar puede tardar años, mientras que los agresores son liberados con rapidez, advirtieron expertos en derecho familiar. El abogado Víctor León, quien participó en el caso de Ana Karen, señaló este contraste al comentar la situación de Andrea Lezama, a quien recientemente le otorgaron la libertad a su agresor pese a los daños sufridos.
León explicó que, a diferencia de delitos graves contemplados en el artículo 19 de la Constitución, como secuestro o homicidio, la violencia familiar y la sustracción de menores no contempla prisión preventiva automática, lo que permite que los agresores obtengan libertad mientras el proceso legal continúa.
“El caso de Lezama evidencia que para recuperar a los menores se requieren años de lucha, mientras que para liberar al agresor basta un trámite judicial. Esto demuestra la urgencia de fortalecer la legislación para proteger a las víctimas y garantizar justicia efectiva”, señaló el abogado.
Especialistas en derecho familiar coinciden en que situaciones como estas envían un mensaje ambiguo a la sociedad: los delitos contra menores y familiares pueden tener consecuencias tardías, pero los responsables no siempre enfrentan medidas inmediatas, lo que subraya la necesidad de reformar los procesos legales para priorizar la protección de los niños y niñas.
Este tipo de casos, recordó León, resalta la importancia de visibilizar la violencia vicaria y familiar, así como de ofrecer apoyo jurídico y psicológico a quienes atraviesan estas situaciones.
