En un hecho poco común de consenso político, la Cámara de Diputados avaló por unanimidad la reforma constitucional que busca limitar las pensiones de altos funcionarios públicos, como parte de la política de austeridad impulsada por el gobierno federal.
La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea que ningún exservidor público podrá recibir una pensión superior al 50% del salario presidencial, cerrando así la puerta a los llamados esquemas de “pensiones doradas”.
El respaldo total de los legisladores —con 458 votos a favor— refleja la presión social y política en torno a los privilegios en el sector público, particularmente en casos donde exfuncionarios han recibido ingresos mensuales que superan incluso el salario del titular del Ejecutivo.
De concretarse, la reforma impactará a una amplia gama de instituciones, incluidos organismos autónomos y empresas del Estado, obligándolos a ajustar sus esquemas de retiro conforme al nuevo límite constitucional.
El proyecto aún deberá ser discutido artículo por artículo en la Cámara baja. Posteriormente, será enviado a los congresos locales, donde requerirá la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales para convertirse en ley.
Analistas consideran que esta reforma podría marcar un precedente en la reconfiguración del sistema de prestaciones en el sector público, en un contexto donde la austeridad y la rendición de cuentas se mantienen como ejes centrales del debate nacional.
