El político independiente conocido como “El Bukele Mexicano” fue atacado mientras inauguraba el evento; su muerte desata indignación nacional y reabre el debate sobre la violencia política en México.
Redacción Los Conjurados
En medio del tradicional Festival de las Velas, una de las celebraciones más emblemáticas del Día de Muertos en Michoacán, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025.
El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la Plaza Morelos, cuando el edil inauguraba el evento y se tomaba fotografías con un grupo de niños. Un sujeto armado le disparó al menos ocho veces, hiriéndolo en el abdomen y el brazo. El hecho fue transmitido en vivo a través de Facebook, generando pánico entre cientos de asistentes.
Manzo, de 40 años, murió poco después en un hospital local. En el ataque también resultaron heridos un regidor municipal y uno de sus escoltas. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, uno de los agresores fue abatido por el equipo de protección del alcalde, mientras que dos personas más fueron detenidas.
El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el principal atacante aún no ha sido identificado, aunque se aseguró un arma calibre 9 mm. “No habrá impunidad”, aseguró, al tiempo que la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública intensificaron su presencia en la región.
Un alcalde incómodo para el crimen organizado
Nacido el 9 de mayo de 1985, Carlos Manzo Rodríguez había construido una carrera política marcada por su discurso de “mano dura” contra el narcotráfico. Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO, fue diputado federal por Morena (2021-2024) antes de lanzarse como candidato independiente a la alcaldía de Uruapan, la cual ganó en 2024 con 66% de los votos, convirtiéndose en el primer alcalde independiente del municipio.
Su gobierno se enfocó en la seguridad. Promovió incentivos de hasta un millón de pesos a policías por decomisos, solicitó armamento de alto poder y respaldó detenciones de líderes criminales, lo que lo enfrentó directamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con fuerte presencia en la zona.
Su frase “delincuente que se tope armado y se resista a ser detenido, hay que abatirlo” le ganó apoyo ciudadano, pero también críticas de figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, defensores de la estrategia de “abrazos, no balazos”.
Temía por su vida
En septiembre, tras el asesinato de un policía municipal, Manzo canceló el Grito de Independencia y pidió apoyo directo a Sheinbaum. Un mes después, en declaraciones públicas, advirtió: “No quiero ser un alcalde más de los ejecutados”. Solicitó mantener la presencia de la Guardia Nacional, aunque prefería seguridad cercana a cargo de su policía municipal.
Apodado en redes como “El Bukele Mexicano”, Manzo se había vuelto una figura popular entre los jóvenes por su estilo frontal y su actividad en TikTok, donde defendía una política de orden y disciplina. Analistas políticos lo veían como una figura emergente de oposición rumbo a 2030.
Reacciones y contexto nacional
El asesinato de Manzo eleva a seis el número de alcaldes asesinados en México en 2025, dos de ellos en Michoacán. El caso ocurre apenas un año después del homicidio de un periodista que había entrevistado al propio Manzo en la misma plaza.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hecho como un “vil asesinato” y defendió su política de seguridad, mientras el gobernador Bedolla lo describió como un “cobarde atentado”. Ambos prometieron una investigación exhaustiva.
El ayuntamiento de Uruapan emitió un comunicado expresando “profundo dolor e indignación” y llamó a la ciudadanía a mantenerse unida frente a la violencia.
En redes sociales, videos del ataque y mensajes de condolencia inundaron X (antes Twitter). Miles de usuarios exigieron justicia y seguridad para los funcionarios locales.
El crimen de Carlos Manzo no solo enluta a Uruapan: reabre el debate nacional sobre la violencia política y la vulnerabilidad de los alcaldes en zonas controladas por el crimen organizado, un fenómeno que, lejos de disminuir, sigue marcando la vida pública en México.
