La historia de Ana Karen Rodríguez, una madre poblana que recuperó a sus tres hijas tras casi tres años de búsqueda, ha sentado un precedente histórico en México, al ser el primer caso en el país en el que una sustracción de menores fue reclasificada como desaparición forzada de particulares, delito que podría alcanzar penas de hasta 70 años de prisión.

Durante una entrevista en Los Conjurados, conducida por Érika Rivero Almazán, Ana Karen relató cómo su expareja, con ayuda de los abuelos paternos y su nueva pareja, sustrajo a las niñas —una de ellas con apenas 45 días de nacida— y las mantuvo ocultas durante años, evadiendo más de 30 cateos judiciales. “Me arrebataron a mis hijas, cortaron la lactancia de mi bebé, y viví tres años de miedo e incertidumbre. Pero nunca dejé de luchar por ellas”, narró conmovida.

El abogado Víctor León, representante legal de Ana Karen, explicó que este caso representa un hito jurídico nacional, pues convierte un conflicto familiar en un delito grave de derechos humanos. “Es la primera vez que un asunto de sustracción escala a desaparición forzada entre particulares. Hubo ocultamiento, complicidad familiar y una clara intención de dañar. Este caso sentará precedente y, por sus características, podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, afirmó.

León señaló que la legislación actual es “bondadosa” con los delitos de sustracción y violencia vicaria, ya que no están contemplados en el artículo 19 de la Constitución, el cual establece los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esto, dijo, deja un vacío legal que favorece la impunidad.

En la entrevista también se abordó el caso de Andrea Lesama, otra víctima de violencia vicaria que logró reunirse con su hijo tras años de búsqueda, pero cuyo agresor fue liberado recientemente. La activista Luz Arredondo, líder del colectivo estatal contra la violencia vicaria, advirtió que “en Puebla damos pasos hacia adelante, pero también hacia atrás; recuperar a los hijos lleva años, liberar a los agresores, solo días”.

El abogado León reconoció el apoyo institucional que permitió resolver el caso de Ana Karen, destacando la respuesta del gobernador Alejandro Armenta, el DIF estatal, la Fiscalía de Puebla y la jueza Carla Patricia Ambrosio, quienes actuaron con sensibilidad y prontitud. “Cuando hay voluntad política y judicial, la ley sí puede proteger a las víctimas”, subrayó.

Ana Karen, por su parte, expresó su gratitud y esperanza: “Hoy mis hijas están conmigo, sanando poco a poco. Este camino me enseñó que denunciar vale la pena.”

Érika Rivero cerró la entrevista con un llamado a visibilizar este tipo de historias para inspirar a otras mujeres a romper el silencio: “Dar el primer paso no es fácil, pero es el inicio de la justicia. Estos casos deben conocerse para que ninguna madre vuelva a vivir en la sombra del miedo.”

El caso Ana Karen no solo representa una victoria legal, sino un símbolo de resistencia y esperanza en la lucha contra la violencia vicaria y la impunidad en México.