La propuesta de Trump ha generado polémica desde su primer mandato
Redacción Los Conjurados
Un juez federal ordenó la suspensión temporal de una medida impulsada por el expresidente Donald Trump que pretendía eliminar la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento, una política considerada por especialistas como uno de los pilares del sistema migratorio del país.
La orden ejecutiva, aún no implementada de forma definitiva, fue impugnada por una familia migrante que solicitó una medida cautelar para proteger a su hijo, nacido en territorio estadounidense. El juez concedió la suspensión por siete días, lapso durante el cual el Gobierno Federal podrá apelar la decisión.
Protección a menores migrantes
La decisión judicial tiene implicaciones clave: protege a todos los menores potencialmente afectados por la medida, aunque no incluye a los padres como parte protegida. El juez certificó parcialmente la demanda colectiva, reconociendo a los niños como el grupo más vulnerable en este contexto.
El abogado Cody Wofsy, representante legal de la familia demandante, calificó la orden de Trump como “ilegal, inconstitucional y cruel”, y subrayó que su aplicación habría causado “daños irreparables” a miles de niños migrantes nacidos en EE.UU.
“Atacar el principio del jus soli (derecho de suelo) no solo vulnera la Constitución, sino que afecta la seguridad y el futuro de menores que legalmente son ciudadanos”, señaló Wofsy.
Contexto legal y político
La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, la cual establece que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, sin importar la situación migratoria de sus padres.
La propuesta de Trump ha generado polémica desde su primer mandato, cuando intentó modificar esta garantía mediante orden ejecutiva. Sus críticos sostienen que una acción de este tipo solo puede realizarse mediante reforma constitucional, no por decreto presidencial.
Lo que sigue
La suspensión provisional se mantendrá vigente durante una semana, mientras el caso avanza en tribunales federales. Se espera que esta decisión siente un precedente legal, tanto en la defensa del derecho a la ciudadanía como en el debate nacional sobre la política migratoria de EE.UU.
