El Gobierno federal alista una reforma electoral para evitar que personas con presuntos vínculos con grupos delictivos puedan contender por cargos públicos en las elecciones de 2027.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, que enviará una iniciativa de modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin necesidad de reformar la Constitución.
La propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), conformada por cinco consejeros electorales.
Dicho organismo tendría la función de coordinarse con dependencias como la UIF, la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para revisar perfiles de aspirantes postulados por partidos políticos.
De acuerdo con la mandataria, las fuerzas políticas podrán presentar de manera voluntaria sus listas de candidatos para que sean evaluadas y, en caso de existir indicios de vínculos con delincuencia organizada, se emitiría un dictamen que podría bloquear el registro correspondiente.
Sheinbaum aseguró que la intención es fortalecer la confianza en los procesos electorales y evitar la llegada de perfiles ligados al crimen a cargos de representación popular.
La presidenta explicó que la iniciativa retoma parte de las propuestas contenidas en el llamado “Plan A” de la reforma electoral impulsada por la llamada Cuarta Transformación y que no logró aprobarse en años anteriores.
Aunque evitó hablar de casos específicos, reconoció que han existido algunos alcaldes y funcionarios señalados por presuntos nexos delictivos, situación que motivó la elaboración de esta nueva propuesta legislativa.
Se prevé que la iniciativa sea presentada formalmente ante el Congreso en los próximos días.
