El gobierno de Estados Unidos reaccionó oficialmente a la acusación presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A través de un posicionamiento, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, informó que su país tomó nota formal de los cargos, los cuales incluyen conspiración para introducir narcóticos —como fentanilo, heroína y metanfetamina— al territorio estadounidense, así como posesión de armamento de alto poder.

El diplomático subrayó que el combate a la corrupción y a la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida entre ambos países, y advirtió que cualquier acto que facilite las operaciones del crimen organizado será investigado y procesado conforme a la jurisdicción de Estados Unidos.

“Impulsaremos la rendición de cuentas para fortalecer la transparencia, el Estado de derecho y la seguridad bilateral”, señaló el embajador, al destacar que estas acciones responden a una exigencia de los ciudadanos de ambos lados de la frontera.

Las acusaciones están relacionadas con presuntas operaciones en colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, y contemplan penas que podrían superar varias décadas de prisión.

En respuesta, Rocha Moya rechazó categóricamente los señalamientos y los calificó como un ataque político, asegurando que carecen de sustento.

Por su parte, el gobierno mexicano confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, las cuales ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis.

El caso se perfila como un punto crítico en la relación bilateral en materia de seguridad, al involucrar a un mandatario estatal en funciones.