El gobierno de México realizó el martes 20 de enero de 2026 la tercera entrega masiva de reos de alto impacto a Estados Unidos, al trasladar a 37 operadores de organizaciones criminales que enfrentan cargos por narcotráfico, narcoterrorismo, lavado de dinero, tráfico de armas, homicidio y delincuencia organizada. El operativo coincidió con el primer aniversario del segundo mandato de Donald Trump.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la operación y subrayó que los trasladados representaban una “amenaza real” para la seguridad nacional. Con esta acción, suman 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Las entregas previas se realizaron en febrero de 2025 (29 reos, entre ellos Rafael Caro Quintero) y agosto de 2025 (26, incluidos Servando Gómez “La Tuta” y Gerardo González Valencia “El Cuini”).
De acuerdo con información oficial, los reos fueron extraídos principalmente del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, El Altiplano, y de otros penales federales, bajo un amplio dispositivo de seguridad coordinado por el Gabinete de Seguridad (SSPC, FGR, SEDENA y SEMAR). El traslado se realizó en siete aeronaves militares, incluido un Hércules C-130, desde el Aeropuerto Internacional de Toluca hacia centros penitenciarios en Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.
Las autoridades señalaron que los entregados están vinculados a cárteles como Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva, del Noreste y del Pacífico/Sinaloa, entre otros. Entre los nombres que han trascendido en reportes periodísticos se encuentran Ricardo González Sauceda “El Ricky”, Pedro Inzunza Noriega “El Señor de la Silla”, Juan Pablo Bastidas Erenas “Payo Zurita”, Armando Gómez Núñez “Delta 1”, Daniel Alfredo Blanco Joo “El Cubano” y José Gerardo Álvarez Vázquez “El Indio”, aunque no se ha difundido el listado completo.
El traslado se efectuó bajo mecanismos de cooperación bilateral con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, conforme a la Ley de Seguridad Nacional y, según el gobierno mexicano, con pleno respeto a la soberanía. Un punto central del acuerdo fue que no se solicitará ni aplicará la pena de muerte a ninguno de los trasladados, en apego a la postura histórica de México contra la pena capital.
Durante la conferencia matutina del 21 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la decisión fue tomada tras el análisis del Consejo Nacional de Seguridad y a solicitud formal de EE.UU., y no derivó de un acuerdo directo con Donald Trump en su reciente llamada telefónica. En un contexto de presiones estadounidenses para intensificar el combate al narcotráfico y al fentanilo, el gobierno federal sostuvo que se trata de cooperación mutua sin cesiones y de una estrategia para impedir que estos perfiles sigan operando desde cárceles mexicanas.
