Un coche bomba explotó frente a la Escuela de Aviación Militar Marco Fidel Suárez, en el norte de Cali, la mañana de este jueves, dejando un saldo oficial de 5 personas muertas y 36 heridas, aunque reportes extraoficiales elevan la cifra de lesionados a 42.

La explosión generó pánico y caos en la zona, con viviendas dañadas, vehículos destruidos y escenas descritas por vecinos como “de guerra”. Videos captados por residentes muestran a personas pidiendo ambulancias en medio de la confusión. Un colegio cercano fue evacuado de manera preventiva, mientras decenas de padres acudieron apresurados a recoger a sus hijos.

Ningún grupo se ha adjudicado el ataque; sin embargo, las autoridades investigan la posible participación del Estado Mayor Central (EMC), una de las facciones disidentes de las FARC. El presidente Gustavo Petro condenó el atentado y lo calificó como una “reacción terrorista ligada al narcotráfico”, en el marco de la ofensiva del gobierno contra estas estructuras armadas.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció una recompensa de 400 millones de pesos colombianos por información que lleve a la captura de los responsables. Además, se reforzó la presencia militar en zonas estratégicas y se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención a víctimas y la búsqueda de los atacantes.

Este ataque ocurre en un contexto de escalada de violencia en la región. Apenas en julio, atentados con drones dejaron siete muertos, lo que ha aumentado el temor entre la población caleña.

Tras el Acuerdo de Paz de 2016, Colombia vivió varios años de relativa calma; sin embargo, el abandono estatal en zonas rurales permitió el recrudecimiento de grupos armados ilegales, que hoy se disputan el control del narcotráfico y otras economías ilícitas. Los intentos del gobierno de Petro por negociar con estas facciones han tenido pocos avances y, en algunos casos, han fracasado.

Organismos como la Personería Distrital de Cali exigieron investigaciones inmediatas, respeto a los derechos humanos y acciones firmes del Estado para recuperar la seguridad y la confianza en las instituciones.