Fiscales generales de 20 estados demócratas y del Distrito de Columbia interpusieron una demanda contra el gobierno del expresidente Donald Trump por condicionar los fondos federales destinados a víctimas de delitos a la colaboración de los estados en operativos migratorios.
El recurso legal, presentado en la corte de distrito de Rhode Island, sostiene que la política federal establece criterios de elegibilidad ilegales y excede las facultades constitucionales del presidente. Los demandantes solicitan que se anulen estas condiciones, argumentando que representan una extralimitación administrativa que afecta a las entidades estatales y a las víctimas de delitos.
En respuesta, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que envió cartas a alcaldes y gobernadores exigiendo el cumplimiento de las políticas federales, resaltando la presión institucional para alinear los gobiernos locales con la agenda migratoria federal.
El caso marca un nuevo capítulo en el conflicto entre autoridades estatales y federales sobre la aplicación de políticas migratorias y el alcance del poder presidencial, con implicaciones directas en la distribución de recursos a nivel local.
