La columna de Juan Rodolfo Rivera Pacheco
Como si no tuviera ya suficientes desafíos y problemas, el panorama político en Puebla se enfrenta a oootro capítulo lleno de controversia y desconcierto: la Ley del Ciber-asedio o -mal llamada- “Ley Mordaza”. Este instrumento jurídico, que promete controlar el discurso de ataques y los abusos en redes sociales e internet, ha generado una tormenta de opiniones a nivel estatal y nacional que pocos se han atrevido a ignorar. Pero, ¿qué representa realmente esta reforma de ley? ¿Silencio forzado o regulación necesaria? Comentemos una vez más el hilo del dilema, complementando el debate de la columna de la semana pasada.
Como ya hemos apuntado aquí mismo antes, la llamada “ley mordaza” no apareció de la noche a la mañana; como todo fenómeno político, tiene raíces profundas y justificaciones en apariencia sólidas. Propuesta bajo el pretexto de “proteger la integridad de figuras públicas y garantizar la paz social”, esta legislación ha levantado las cejas de críticos y defensores por igual. Sus detractores la consideran un intento descarado de silenciar críticas, mientras que sus promotores afirman que busca poner orden en un entorno donde la difamación y el abuso verbal en redes sociales se escapan ya de control.
¿Pero… qué no es el ruido la esencia misma de la política? Las voces disonantes, el debate, el derecho al pataleo y a la protesta… Todo esto forma el tejido de nuestra experiencia democrática. La mentada “ley mordaza”, en ese sentido, parece cortar de raíz este principio, dejando a las personas en el limbo entre la expresión y la censura.
Más allá de las cámaras legislativas (donde muchos Diputados no saben a ciencia cierta qué legislaron y después quisieron “socializar” el tema… a destiempo) y los pasillos del poder, la pregunta crucial es: ¿cómo afectará esta ley al ciudadano común? En una sociedad actual donde las redes sociales son el micrófono más potente, ¿se limitará lo que se puede decir sobre las instituciones y quienes las lideran? El ciudadano que enfrenta problemas cotidianos, desde el transporte público, la inseguridad, malos servicios y un largo etcétera, podría verse obligado a medir sus palabras por temor a represalias legales.
Imaginemos esto: una publicación en Facebook o X criticando el estado de las calles podría ser interpretada como una “difamación” contra las autoridades responsables. ¿El resultado? Posibles sanciones, multas o incluso procesos legales. Este tipo de escenarios no solo afectan la libertad de expresión de las personas, sino que también crean un ambiente de incertidumbre, donde cada palabra publicada puede convertirse en una trampa.
Si alguna vez hubo una entidad que ha sentido el peso del yugo de leyes restrictivas (efectivas o tácitas), esa es la prensa. Los medios de comunicación en Puebla, que tradicionalmente han sido el contrapeso del poder (al menos evidentemente desde el morenovallismo), ahora enfrentan el desafío de informar bajo la sombra de posibles sanciones. ¿Cómo mantener la función de ser críticos (sin insultar ni difamar) en un ambiente donde las visiones distintas a las del poder estarán constantemente monitoreadas?
Muchos periodistas de Puebla y de todo el país durante la semana que acaba de pasar, han expresado su preocupación por el hecho de que esta legislación podría fomentar la autocensura. El temor a cruzar líneas legales ambiguas puede empujar a las redacciones a evitar temas que antes serían pan de cada día. Y en la ausencia de preguntas incómodas, surge la peligrosa posibilidad de un discurso monocromático, donde solo se escuchan las voces oficiales. Pufff.
Ya lo hemos dicho aquí mismo, la línea entre la regulación y la represión es, como siempre, delgada. Los defensores de la Ley de Ciberasedio argumentan que en un contexto donde las fake news y los ataques personales son moneda corriente, es necesario establecer límites. Sin embargo, este argumento, aunque válido en algunos aspectos como ya lo hemos apuntado, enfrenta el problema de la aplicación justa y proporcional. ¿Quién decide qué es una crítica legítima y qué constituye una difamación? ¿Bajo qué parámetros, y con qué nivel de transparencia, se aplicará esta ley?
La historia nos ha enseñado que las leyes restrictivas muchas veces se convierten en herramientas para el abuso del poder. Casos anteriores en otras regiones del país muestran que este tipo de normativas pueden ser utilizadas para silenciar a opositores políticos y a voces críticas. Si bien el espíritu de la ley puede ser noble en teoría, su implementación puede ser la piedra angular de un Estado menos democrático.
La Ley de Ciber Asedio en Puebla representa mucho más que un simple cambio legal; es un reflejo de las tensiones entre el poder (ahora en manos de la “4T”) y la libertad, entre el orden y el caos. En un Estado donde la pluralidad de voces es una muestra de la vitalidad política, imponer restricciones de esta naturaleza podría, aunque sea de manera no intencionada, apagar el brillo de esa diversidad. Nadie quiere vivir en un régimen autoritario disfrazado de democrático, por favor.
Así que aquí estamos, en un cruce de caminos donde el silencio parece ser más peligroso que el ruido. ¿Qué elegiremos? ¿La comodidad de la quietud o el desafío de alzar la voz? La “ley mordaza” no es solo una ley… es un espejo en el que todos debemos mirarnos.
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