La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que establece un mecanismo para verificar posibles vínculos de aspirantes con actividades delictivas antes de las elecciones de 2027.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 84/2026, promovida por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el Pleno declaró infundados los argumentos contra la reforma publicada el 2 de junio de 2026.

La modificación creó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, integrada por tres consejerías. De manera voluntaria, partidos y aspirantes independientes podrán proporcionar información de sus posibles postulaciones para que sea analizada por instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero.

La Corte determinó que el mecanismo es preventivo, informativo y voluntario. No constituye un requisito para ser candidato, no condiciona el registro ni implica una declaración de responsabilidad penal.

Los resultados tampoco son vinculantes: los partidos conservan la decisión de postular y las autoridades electorales mantienen las facultades sobre registro y elegibilidad.

Durante la discusión, la propuesta de limitar el análisis exclusivamente a delitos de delincuencia organizada fue rechazada. La norma permite revisar posibles vínculos con actividades delictivas en general, incluidos casos de corrupción, robo o violación.

El PRI había argumentado afectaciones al derecho a ser votado y a la presunción de inocencia, planteamientos que no fueron acogidos por la SCJN.