La diputada local del PAN pide al gobernador Alejandro Armenta convertir la accesibilidad en una política pública transversal y permanente.

Redacción Los Conjurados

En entrevista para Los Conjurados, programa conducido por la periodista Érika Rivero Almazán, la diputada local del PAN Luana Armida Amador Vallejo advirtió que Puebla mantiene un rezago histórico en materia de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, pese a que desde hace más de una década existe un marco legal que reconoce sus derechos.

Amador recordó que desde su primera etapa como legisladora impulsó la Ley para Personas con Discapacidad y diversas reformas normativas; sin embargo, sostuvo que los cambios no se han reflejado en la vida cotidiana, pues la entidad continúa sin avances sustantivos en transporte, infraestructura y atención institucional. “Dejé de ser diputada en 2011 y hoy, en 2026, veo prácticamente lo mismo”, afirmó.

La legisladora subrayó que uno de los principales errores ha sido limitar el tema de la discapacidad al ámbito asistencial del DIF, cuando en realidad se trata de una agenda de políticas públicas transversales que deben involucrar a todas las dependencias de gobierno, al sector educativo y también a la iniciativa privada. “La inclusión no es caridad, es planeación, presupuesto y conocimiento”, puntualizó.

En este contexto, confirmó que envió un oficio al gobernador Alejandro Armenta para solicitar una reunión y plantear una agenda integral que permita avanzar de manera estructural. Señaló que la intención es que la inclusión sea considerada desde el Plan de Gobierno, con acciones permanentes y no como esfuerzos aislados que dependan de la voluntad de cada administración.

Entre las propuestas que impulsa destacan el transporte público accesible, la infraestructura incluyente, el turismo accesible y la capacitación obligatoria de servidores públicos. En el caso del transporte, recordó que ha presentado iniciativas para que las unidades que se renuevan por antigüedad sean sustituidas por vehículos accesibles, con rampas y espacios adecuados, propuesta que actualmente se analiza con la Secretaría de Movilidad.

Sobre infraestructura, explicó que se han canalizado 50 millones de pesos en dos ocasiones a la Secretaría de Infraestructura para mejorar la accesibilidad; no obstante, reconoció que en el primer ejercicio los recursos se utilizaron incorrectamente, al descontarse de obras que de por sí debían cumplir la normativa. Actualmente, dijo, se busca corregir esta práctica y avanzar con mayor coordinación técnica.

Amador también señaló fallas graves de diseño en obras recientes, como la Ruta 4 del transporte, donde personas en silla de ruedas enfrentan dificultades para desplazarse. En contraste, reconoció avances parciales en edificios como el nuevo complejo de Finanzas, aunque aclaró que aún existen observaciones por corregir.

Finalmente, la diputada afirmó que la falta de inclusión se debe principalmente al desconocimiento y la falta de sensibilidad, tanto en autoridades como en la sociedad. Recordó que más del 80% de las personas adquieren una discapacidad a lo largo de su vida, por lo que insistió en la necesidad de educar y reeducar desde la infancia, capacitar a funcionarios y formar profesionistas con enfoque en accesibilidad.

“La inclusión debe dejar de ser un favor y convertirse en una obligación permanente del Estado”, concluyó.