Un conflicto judicial en Durango desató un amplio debate nacional a inicios de enero de 2026, luego de que se reportara que el abogado Cristian Janet Montenegro Chairez realizó un cambio legal de identidad de género a femeninodurante un proceso judicial relacionado con la pensión alimentaria de su hija menor de cuatro años.

De acuerdo con la denuncia pública de su ex pareja, la psicóloga Gloria Valentina Méndez Arámbula, el cambio de identidad habría sido utilizado como una estrategia legal para generar confusión en el juicio, solicitar que el caso fuera analizado con “perspectiva de género” a su favor y dilatar o evadir el cumplimiento de la obligación alimentaria. La madre también lo acusa de violencia familiar y de recurrir, durante años, a maniobras procesales dilatorias.

El caso fue dado a conocer originalmente por la periodista Sanjuana Martínez en La Jornada el 4 de enero de 2026, y posteriormente replicado por diversos medios nacionales y digitales como SDP Noticias, Changoonga, LJA.MX y Quinta Fuerza, entre otros. Las publicaciones se sustentan en testimonios de la madre y documentos judicialespresentados durante las audiencias, en las que el abogado habría comparecido con una nueva acta de nacimiento que acredita su cambio registral.

Especialistas en derecho familiar citados en los reportes han coincidido en que, independientemente de la identidad de género, la obligación de proporcionar pensión alimentaria no se extingue, ya que se trata de un derecho irrenunciable de la niñez, protegido por la Constitución y tratados internacionales.

Hasta el momento, el proceso judicial continúa en curso y no existe una resolución definitiva que confirme que la estrategia legal haya tenido efectos en el fondo del caso. Tampoco se han presentado verificaciones independientes que desmientan la existencia del conflicto; por el contrario, se trata de un asunto real que ha generado controversia pública y debate jurídico sobre los posibles límites y alcances del derecho a la identidad de género dentro de los procesos judiciales, especialmente cuando se confronta con los derechos de niñas y niños.

El caso sigue abierto y bajo la atención de la opinión pública, en espera de una resolución judicial que defina responsabilidades y garantice el interés superior de la menor involucrada.