La columna de Humberto Aguilar Coronado

La soberanía nacional no es un concepto blando que pueda estirarse para atacar a los adversarios políticos y encogerse selectivamente para cubrir los errores de los incondicionales del régimen. 

En la teoría del Estado, la soberanía es indivisible y absoluta que exige congruencia en su promoción y defensa.

En la práctica del actual gobierno federal, lamentablemente se ha convertido en una moneda de cambio coyuntural: una soberanía de discurso, estridente en el micrófono de las mañanas, pero sumisa y omisa ante la cruda realidad que presentan los operativos conocidos en nuestro territorio.

Para entender la simulación de la narrativa oficialista, basta contrastar dos escenarios recientes. Por un lado, ante el desmantelamiento de un narco laboratorio en el estado de Chihuahua —entidad gobernada por la oposición—, el aparato del Estado activó de inmediato una retórica de indignación nacionalista. 

Se denunció con ferocidad una supuesta intromisión inaceptable de agencias extranjeras, se amagó con reformas a la Ley de Seguridad Nacional y se exigió una rendición de cuentas implacable acompañada de un juicio político. La soberanía fue utilizada como una descalificación y persecución política.

Por el otro lado, la realidad de Sinaloa exhibe un rostro completamente distinto: la claudicación. La controvertida extracción de Ismael «El Mayo» Zambada hacia los Estados Unidos desnudó la libre operación de elementos de instituciones de seguridad estadounidenses en suelo nacional. 

Frente a esta flagrante vulneración del territorio y las leyes mexicanas en un estado gobernado por el oficialismo, la respuesta gubernamental no fue la indignación, sino la confusión, la contradicción sistemática, la mentira y el encubrimiento político.

La secuencia de hechos en Sinaloa no solo evidencia una pérdida del control territorial por parte del estado mexicano, sino el colapso de la concepción institucional. 

La narrativa de los acontecimientos es insostenible.

La versión inicial de la Fiscalía de Sinaloa y del gobernador Rubén Rocha Moya, que apuntaba a un asalto en una gasolinera para explicar el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuen, fue desmantelada por la propia fiscalía general de la República (FGR), confirmando que el homicidio ocurrió en la misma finca donde «El Mayo» fue privado de su libertad.

El país ha sido testigo de una lamentable serie de contradicciones entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y la propia Presidencia de la República. 

La falta de claridad sobre la identidad del piloto, el estatus real de la aeronave, el nulo control sobre el espacio aéreo y la inusitada rapidez para tramitar extradiciones de personajes clave, demuestran que el gabinete de seguridad opera sin brújula frente a las decisiones tomadas desde Washington.

La farsa quedó registrada cuando al ser cuestionada expresamente por la prensa sobre cuál sería la ruta jurídica e institucional del Gobierno Federal ante la evidente intromisión de agentes extranjeros en territorio sinaloense, demostrando la injerencia y la violación a la soberanía, la presidenta de la República ofreció una respuesta ridícula: «decirlo públicamente y decirlo en las reuniones que tienen con ellos».

Esta declaración representa una renuncia sin precedentes a los canales formales del Estado mexicano. En lugar de redactar y enviar una nota diplomática de protesta al Departamento de Estado de los EE. UU.; en lugar de llamar a cuentas al embajador o exigir de manera bilateral el esclarecimiento de las operaciones extranjeras en nuestro suelo, la defensa de la soberanía nacional se redujo a una exigencia matutina.

Al mismo tiempo, se mantiene un blindaje absoluto sobre el exgobernador Rubén Rocha Moya, repitiendo que «no existen pruebas» que lo vinculen con las investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense y, por otra parte, está la detención de Ernesto Ruffo, empresario que ha militado en la oposición desde hace más de 37 años.

Para la oposición, el peso de la sospecha basta para activar la fuerza del Estado, pero para los incondicionales del régimen, el manto protector de la impunidad y el micrófono presidencial, aunque sean insuficientes.

La defensa de una soberanía selectiva es por conveniencia política. Denunciar lo sucedido en Chihuahua, mientras se encubre el desastre operativo de Sinaloa, demuestra que para este gobierno la soberanía no se defiende, se administra según las necesidades del morenato.

Estamos ante un Estado que sustituye la acción diplomática y la fuerza de la ley por la retórica de un monólogo ante la prensa y justificación para sus seguidores.

Estamos ante un Estado que ha claudicado en su deber más elemental, la defensa de la nación y sus ciudadanos.

*Es politólogo