Con un mensaje dirigido tanto a sus críticos como a quienes esperan resultados inmediatos del nuevo Poder Judicial, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz afirmó que la Suprema Corte debe responder únicamente a la Constitución y no a intereses políticos.

Al presentar este lunes 7 de septiembre su informe por el primer año de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Aguilar aseguró que el máximo tribunal es autónomo y que su compromiso está con el pueblo de México.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes del Poder Legislativo, sostuvo que “ninguna agenda ajena al texto constitucional” tiene cabida en la Corte.

El mensaje cobra relevancia debido a las críticas que han acompañado a la nueva integración, surgida de la elección judicial de 2025, y a los señalamientos de que podría tratarse de una Corte cercana a la llamada Cuarta Transformación.

Aguilar presentó resultados para respaldar su gestión. Informó que durante el primer año ingresaron 15 mil 51 expedientes y fueron resueltos 13 mil 231, lo que representa un avance del 88 por ciento.

También señaló que prácticamente se eliminó el rezago recibido de la anterior integración: de mil 471 asuntos pendientes, aseguró que en agosto únicamente permanecían 56.

La nueva Corte, explicó, incorporó mecanismos como el turno aleatorio de asuntos, códigos QR para dar seguimiento a expedientes y una mayor digitalización. Según su reporte, los tiempos de trabajo en las mesas de ministros disminuyeron de alrededor de tres meses a 15 o 20 días.

Sin embargo, el desempeño de la nueva integración también ha sido objeto de cuestionamientos. Análisis de especialistas han señalado que, en periodos comparables, la Corte anterior llegó a resolver más asuntos que la actual. Parte de la explicación está en que las antiguas salas desaparecieron y ahora todos los asuntos se concentran en el Pleno.

Aguilar rechazó que esto represente ineficacia y defendió la nueva estructura.

En el terreno administrativo, reconoció un déficit cercano a 130 millones de pesos y habló de ajustes en prestaciones y gastos. También se refirió a la eliminación de servicios personales que anteriormente recibían ministros y exministros, mientras persisten cuestionamientos por medidas como la adquisición de camionetas blindadas.

El informe de Aguilar representa así el primer balance político y administrativo de una Suprema Corte elegida por voto popular, en una etapa en la que su autonomía frente al poder político será uno de los principales temas de escrutinio.