El regidor de Morena sostuvo que las reformas a la Ley de Derechos de Autor no prohíben los memes, la sátira ni la crítica política; explicó que su objetivo es proteger la propiedad intelectual y evitar el uso indebido de obras, particularmente ante el avance de la inteligencia artificial.

La llamada “ley antimemes” ha generado polémica en el ámbito político y preocupación entre usuarios de redes sociales, ante la posibilidad de que las nuevas disposiciones puedan limitar la libertad de expresión. Sin embargo, para el regidor de Morena en el Ayuntamiento de Puebla, Leobardo Rodríguez Juárez, buena parte de la controversia responde a una interpretación política de la reforma y no a su alcance jurídico.

Durante una entrevista en el programa Los Conjurados, el funcionario municipal explicó que las modificaciones aprobadas en el Senado a la Ley Federal del Derecho de Autor tienen como propósito fortalecer la protección de la propiedad intelectual, especialmente frente al uso no autorizado de obras e imágenes en plataformas digitales y en contenidos generados mediante inteligencia artificial.

Rodríguez Juárez recordó que previamente se había aprobado otra reforma relacionada con el uso indebido de la imagen oficial del Gobierno federal, lo que alimentó una primera discusión sobre posibles mecanismos de censura. Ahora, señaló, las nuevas disposiciones han sido presentadas bajo el concepto de “ley antimemes 2.0”, aunque, desde su perspectiva, esa denominación no refleja el objetivo central de los cambios.

El regidor explicó que las reformas buscan establecer mecanismos para que los titulares de derechos de autor puedan solicitar a los proveedores de servicios digitales que retiren contenidos cuando exista un uso indebido de sus obras. Para ello, subrayó, quien presente una reclamación debe acreditar que es propietario de los derechos correspondientes.

En ese sentido, aclaró que un servidor público o personaje político no podría exigir que se elimine un meme simplemente porque se siente aludido, ridiculizado o identificado con una caricatura. La solicitud tendría que provenir de quien demuestre tener los derechos de propiedad intelectual sobre el material utilizado.

“Si un político se siente agredido o aludido en un meme, la ley no se aplica”, explicó, al insistir en que las disposiciones no establecen una prohibición general contra la sátira, la parodia o la crítica política.

No obstante, reconoció que las reformas contemplan sanciones económicas importantes, que, de acuerdo con su explicación, pueden ir de los 585 mil pesos a los 4.8 millones de pesos. Precisó que estas medidas están vinculadas con la reiteración de infracciones y no se aplicarían automáticamente por publicar o compartir un meme.

La inteligencia artificial, el verdadero desafío

Rodríguez Juárez consideró que uno de los aspectos relevantes de la reforma es el contexto tecnológico en el que se presenta, particularmente por el crecimiento de contenidos elaborados con inteligencia artificial y la facilidad para reproducir diseños, imágenes y materiales protegidos por derechos de autor.

Explicó que las herramientas digitales pueden replicar obras originales y generar versiones modificadas, lo que representa un desafío para quienes buscan proteger sus creaciones. Por ello, consideró necesario establecer mecanismos que permitan reclamar el uso no autorizado de esos materiales.

También advirtió que debe distinguirse entre una parodia o caricatura y la difusión de imágenes falsas que buscan hacer pasar por reales situaciones que nunca ocurrieron. Como ejemplo, mencionó los contenidos elaborados con inteligencia artificial que muestran a figuras públicas junto a presuntos integrantes de grupos delictivos.

Sobre la posibilidad de retirar contenidos de internet, sostuvo que resulta prácticamente imposible controlar por completo su circulación una vez que han sido compartidos, descargados o distribuidos mediante otras plataformas y servicios de mensajería.

“El meme hoy es la caricatura política”, afirmó, al comparar el papel que actualmente desempeñan estas expresiones digitales con el de la caricatura política en otros momentos de la historia.

La libertad de expresión también tiene límites

El regidor sostuvo que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no absoluto, pues debe coexistir con otros derechos. En ese sentido, señaló que expresiones que impliquen amenazas, calumnias, injurias o vulneraciones a la reputación de otras personas deben analizarse de manera distinta a la sátira y la crítica política.

Asimismo, consideró que quienes ejercen cargos públicos deben estar sujetos a un umbral más amplio de crítica, debido a la naturaleza de sus responsabilidades y a la exposición que implica su función.

Rodríguez Juárez rechazó que las modificaciones representen, por sí mismas, el inicio de un escenario autoritario o una restricción generalizada de las libertades. Sin embargo, reconoció que cualquier legislación debe revisarse con cuidado para evitar interpretaciones que puedan afectar derechos.

Finalmente, consideró que la polémica alrededor de la llamada ley antimemes ha estado marcada por la confrontación entre actores políticos y llamó a informar con claridad sobre el contenido de la reforma, a fin de evitar que la ciudadanía crea que publicar una imagen humorística puede derivar automáticamente en una multa millonaria.