Investigaciones coordinadas entre autoridades de México y Estados Unidos identificaron la presencia de organizaciones criminales en al menos 50 negocios legales distribuidos en nueve entidades del país.

De acuerdo con los reportes, los grupos utilizan empresas y actividades comerciales establecidas para introducir recursos ilícitos al sistema financiero y dar apariencia legal a sus ganancias.

Las organizaciones también habrían recurrido a relaciones políticas, judiciales y sociales para facilitar su operación y consolidar su presencia dentro de sectores económicos formales.

Especialistas señalan que una de las principales finalidades es garantizar que los recursos permanezcan dentro de la legalidad aparente y puedan convertirse en un patrimonio para las familias de los principales operadores criminales.