La crisis política en Acatlán de Osorio entrará en una etapa decisiva el próximo 10 de septiembre, cuando el Congreso de Puebla cite a audiencia a la presidenta municipal, regidores y al síndico como parte del procedimiento para determinar si procede la revocación de mandato.

La Comisión de Gobernación, encabezada por Julio Huerta Gómez, aprobó por unanimidad el pasado 3 de septiembre llamar a Guadalupe Lucero Bárcenas y al resto de los integrantes del Ayuntamiento para que presenten argumentos y pruebas dentro del expediente abierto por el Congreso.

Además de la alcaldesa de Morena, deberán comparecer regidoras, regidores y el síndico David Fernando Chico Rascón.

El proceso comenzó el 8 de junio, cuando ocho integrantes del cabildo solicitaron formalmente al Congreso la revocación de Bárcenas. La petición fue recibida por el Poder Legislativo el 19 de junio.

Uno de los señalamientos que detonó el conflicto fue planteado por la regidora Juliana Jiménez, quien acusó presuntas irregularidades y opacidad, además de cuestionar que la presidenta municipal percibiera alrededor de 60 mil pesos más, una diferencia que calificó como cercana al 400 por ciento.

A finales de junio intervino la Auditoría Superior y Bárcenas se separó temporalmente del cargo el 29 de junio. En paralelo, habitantes realizaron movilizaciones para exigir su salida, mientras la alcaldesa aseguró que detrás de la confrontación existe presión del crimen organizado.

La disputa también afectó el funcionamiento del Ayuntamiento. En julio no pudo celebrarse una sesión ordinaria debido al enfrentamiento entre integrantes del cabildo sobre quién estaba facultado para convocarla.

La tensión aumentó el 7 de agosto, cuando durante una movilización se registraron detonaciones de arma de fuego que fueron atribuidas de manera preliminar a personal de confianza de la presidenta municipal.

Ante la situación de inseguridad, elementos de la Marina y corporaciones de otras entidades asumieron en los hechos buena parte de las tareas de seguridad en el municipio.

El procedimiento podría tener un alcance mayor al de una eventual salida de la alcaldesa. Una de las posibilidades que se mantiene sobre la mesa es la disolución del cabildo y la instalación de un concejo municipal, si así lo determina el Congreso.

El expediente CGPC/HCE/01/2026 deberá avanzar en los próximos días, pues la Comisión de Gobernación busca resolver el procedimiento antes del 12 o 13 de septiembre.

Sin embargo, la audiencia del 10 de septiembre será apenas una etapa del proceso. Los funcionarios señalados tendrán derecho a defenderse y aportar pruebas, por lo que cualquier determinación sobre la permanencia de la alcaldesa o la integración del Ayuntamiento tendrá que esperar a que concluya el procedimiento.