El caso de Ariana N., detenida el pasado 11 de junio en San Andrés Cholula, continúa generando controversia y mantiene abiertas diversas investigaciones sobre la actuación de las autoridades y la difusión de material audiovisual relacionado con su arresto.

De acuerdo con la versión oficial, la mujer conducía una camioneta dentro de una zona peatonal restringida del Parque Intermunicipal cuando ignoró indicaciones de seguridad, intentó retirarse del lugar y causó daños a maceteros instalados en la zona.

La detención ocurrió frente a sus dos hijos menores de edad y quedó registrada en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales. Las imágenes mostraban un forcejeo entre la conductora y varios elementos policiales, situación que provocó cuestionamientos sobre un posible uso excesivo de la fuerza y el impacto emocional generado en los menores.

Ariana N. rechazó las acusaciones de conducir en estado de ebriedad y denunció presuntas irregularidades durante su aseguramiento. Su versión fue respaldada públicamente por la diputada local Nayeli Salvatori, quien solicitó una investigación sobre la actuación de los agentes involucrados.

Sin embargo, días después comenzaron a difundirse nuevos videos grabados dentro de una patrulla y en instalaciones oficiales. En dichas grabaciones, la mujer aparece realizando declaraciones polémicas, presumiendo supuestos vínculos con integrantes del crimen organizado y asegurando que contaba con contactos políticos para resolver su situación.

Posteriormente, Ferreriz ofreció disculpas y afirmó que sus declaraciones fueron producto del miedo, la presión y los nervios del momento.

La mujer recuperó su libertad tras cubrir las sanciones correspondientes por infracciones viales y conducir bajo los efectos del alcohol. No obstante, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación relacionada con el caso.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla analiza posibles violaciones a derechos humanos, entre ellas un eventual exceso en el uso de la fuerza, afectaciones a los menores presentes durante la detención y la posible vulneración de la privacidad derivada de la difusión de videos e imágenes.

Mientras las investigaciones avanzan, el caso continúa dividiendo opiniones entre quienes cuestionan el actuar policial y quienes consideran que la detención fue necesaria debido al riesgo que implicaba conducir presuntamente en estado de ebriedad acompañada de menores.